En un proceso judicial que ha conmocionado a la sociedad, la justicia ha formalizado la investigación contra seis adultos en Rivera por delitos vinculados a la explotación sexual de menores. Este caso, que salió a la luz gracias al testimonio de una joven de 17 años, revela una red de abuso sistemático y explotación económica que afectó a múltiples adolescentes.

El origen de la investigación

La denuncia inicial fue realizada por una adolescente que, con valentía, relató el abuso sufrido desde su niñez y su posterior explotación sexual. Según su testimonio, comenzó a consumir drogas a los 12 años y, en un contexto de extrema vulnerabilidad, habría sido inducida a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. Las declaraciones de otras víctimas, de entre 13 y 16 años, confirmaron estos hechos, describiendo intercambios sexuales por dinero, regalos, acceso a plataformas digitales e incluso promesas de apoyo económico.

Un patrón de abuso sistemático

La investigación reveló la participación de varios adultos que se beneficiaban económicamente de la situación de las adolescentes. Entre los implicados, se identificó a un funcionario policial que habría utilizado su cargo para concretar encuentros sexuales con menores, incluso dentro de una dependencia oficial. La existencia de pruebas contundentes, como transferencias monetarias, registros en teléfonos celulares y testimonios de testigos, reforzó la solidez del caso. Las víctimas fueron entrevistadas bajo técnicas psicológicas forenses, proporcionando relatos detallados y coherentes que evidencian la magnitud de los hechos denunciados.

Formalización de la causa y medidas cautelares

Ante la gravedad de los delitos, la Fiscalía de Rivera formalizó la investigación contra seis adultos por la presunta comisión de reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a menores para actos sexuales. Se imputó a una persona por contribuir a la explotación sexual de menores, mientras que otro individuo enfrenta cargos por abuso sexual agravado. Asimismo, un funcionario policial fue imputado por delitos de abuso especialmente agravado y por su condición de servidor público.

Como medida cautelar, se dispuso la prisión preventiva para cinco de los seis imputados, por un plazo de 90 días. En el caso de uno de los acusados, debido a su estado de salud, la jueza ordenó un informe médico urgente para evaluar si puede permanecer en prisión preventiva o si la medida debe ser modificada. Por otro lado, la defensa de uno de los imputados logró que se le concediera prisión domiciliaria, con vigilancia mediante dispositivo de geolocalización y la prohibición de contacto con las víctimas.