El pro secretario de la Presidencia, Jorge Díaz, que como fiscal general promovió la elaboración de la normativa hoy vigente, confirmó que se iniciara un trabajo para modificar el Código del Proceso Penal vigente.  Según la resolución del PE con, fecha del 11 de abril, el grupo de trabajo,  estará integrado por los ministerios del Interior y Educación y Cultura, y por la Fiscalía General de la Nación. También se convocará a integrantes del Poder Judicial y al Colegio de Abogados del Uruguay.

La resolución se basa en que el actual código, tras “más de siete años” de su entrada en vigencia, se empezó a aplicar en 2017, generó “en todo ese tiempo nuevos aprendizajes fruto de la aplicación práctica”. También se indica que hubo diversas modificaciones parciales”, tendientes a “solucionar muchos problemas”, pero que también han planteado “algunos nuevos desafíos”. La intención es “sistematizar” las “lecciones, dificultades y propuestas planteadas por los diferentes actores y organizaciones que buscan, en definitiva, mejorar a futuro el sistema de justicia en el ámbito procesal penal”.

Normas y métodos para el “Dialogo Social”

El Poder Ejecutivo presentó los lineamientos metodológicos y temáticos que guiarán el llamado "diálogo social" para analizar cambios en la protección social. Los actores que participen intentarán llegar a un consenso para una nueva reforma que, según lo previsto, no solo incluirá aspectos puramente jubilatorios del sistema de seguridad social, sino que pretende cambios de fondo en la matriz de protección que rige actualmente.

Comisión con 18 integrantes

Así se anunció en la primera sesión del Comité Ejecutivo de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, que dio inicio al proceso de implementación del diálogo social que, de manera formal, comenzará en julio, según el cronograma previsto. Ese mes quedará integrada una comisión ejecutiva que lo articulará, que tendrá 18 integrantes y que servirá como ámbito de intercambio.Esa comisión tendrá cinco representantes estatales: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que coordinadora, acompañada de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Desarrollo Social y Economía y Finanzas, y el Banco de Previsión Social (BPS). Otros cinco representantes serán sociales: a los sindicatos, pasivos y empresarios se sumarán la Red Pro Cuidados y la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAs). También habrá representantes de los partidos políticos: tres por el Frente Amplio y uno de los otros partidos con representación parlamentaria. El plan del gobierno prevé la integración, eventual, de técnicos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Inau y el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre otros.

Plazo máximo 30 de abril de 2026

Se apunta a crear un documento que sistematice los acuerdos alcanzados, que puedan transformarse en proyectos de ley y otras acciones. Al respecto, el plazo máximo que se prevé para la presentación del documento final es el 30 de abril de 2026. Solo se contempla, por motivos máximos, una única prórroga de 45 días