Los recientes informes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) vuelven a poner sobre la mesa una discusión central para el futuro económico del país: la sostenibilidad de las cuentas públicas y el margen real que tiene el gobierno para cumplir con sus compromisos políticos sin deteriorar el equilibrio fiscal.

De acuerdo a los datos presentados por el MEF, el endeudamiento neto del Gobierno Central alcanzó en 2025 los US$ 3.079 millones, cifra que se ubicó por debajo del tope de US$ 3.450 millones establecido en la Rendición de Cuentas 2925. En términos del Producto Interno Bruto, la deuda cerró el ejercicio en 56,5%, también por debajo de la proyección oficial y lejos aún del umbral de “deuda prudente”. Con estos números, el panorama es, relativamente tranquilizador.

Sin embargo, el informe reconoce que esta mejora en buena medida se debe a la apreciación del tipo de cambio real durante 2025, lo que relativiza el carácter estructural de esa caída. Con estos elementos, el MEF concluyó que el año pasado se cumplió con la nueva regla fiscal aprobada en el Presupuesto. No obstante, la lectura del Consejo Fiscal Autónomo, señala que los cambios en la regla fiscal entraron en vigor el 1º de enero de este año. En consecuencia, la real valoración del ejercicio 2025 debería evaluarse bajo el esquema anterior,  por lo que el gobierno, por lo tanto, no habría cumplido con el tope del gasto de la administración central, límite eliminado en el nuevo marco normativo.

El peso del déficit publico

Más allá del debate técnico,  coinciden economistas nacionales, el punto preocupante sigue siendo el mismo desde hace años; el déficit público. Uruguay mantiene un desequilibrio que, resulta difícil de sostener en el mediano plazo si no se introducen correcciones. Las proyecciones oficiales indican que el resultado fiscal estructural se mantendría en torno al -4% del PIB en 2026, lo que implicaría acumular al menos tres años consecutivos en niveles similares. Esa persistencia del déficit es precisamente lo que alimenta las advertencias del Consejo Fiscal. El CFA identificó dos riesgos que podrían complicar el cumplimiento de las metas fiscales. El primero es un eventual menor crecimiento económico. Algo, que algunas proyecciones y los últimos datos de la Actividad Económica ya sugieren, por lo que la recaudación tributaria caería y con ello aumentaría el déficit en las cuencas públicas.

Los precios relativos

El segundo riesgo está asociado a los precios relativos. Un escenario de menor inflación y de tipo de cambio más bajo que el proyectado, podría frenar el crecimiento de los ingresos, mientras que muchos gastos del Estado —como salarios públicos y pasividades— seguirían ajustándose por mecanismos de indexación. El resultado sería un aumento del déficit en términos reales. Según las estimaciones del organismo, así se podría generar un deterioro fiscal del 0,5% del PIB respecto a la meta estructural fijada para 2026. De allí que el Consejo sugiera medidas compensatorias, priorizando eventuales restricciones en el gasto discrecional antes que recurrir a aumentos de impuestos, que suelen tener efectos más negativos sobre la actividad económica. Ante este contexto, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, ha señalado que la próxima Rendición de Cuentas no incluirá nuevos aumentos del gasto. Sin embargo, dentro del FA, es notorio, que existen sectores que reclaman mayores recursos para cumplir con compromisos asumidos durante la campaña. Otro frente sensible, es el sistema de seguridad social. El Consejo Fiscal advirtió, que cualquier reforma que implique aumentos permanentes del gasto deberá contar con financiamiento igualmente permanente.

El juicio definitivo de analistas económicos

En definitiva, los analistas, coinciden en que Uruguay enfrenta un escenario que exige prudencia y coherencia. Las cuentas públicas no están fuera de control, pero tampoco ofrecen márgenes amplios para decisiones improvisadas. Entre la estabilidad fiscal y las presiones políticas, el verdadero desafío del gobierno será demostrar que el equilibrio económico puede sostenerse sin renunciar a las prioridades sociales del país.