El sector lechero uruguayo atraviesa desde hace años una situación compleja, marcada por altos costos, mercados volátiles y márgenes cada vez más ajustados. Sin embargo, entre todos los factores que explican las dificultades actuales de Conaprole y otras industrias lácteas, hay una herida abierta que no cicatriza: el acuerdo comercial con Venezuela impulsado en 2015, presentado como una solución estratégica y que terminó convirtiéndose en una pesada carga financiera que aún hoy pagan los productores.

Aquel anuncio del entonces presidente Tabaré Vázquez, calificando el negocio como “oxígeno puro”, quedó grabado en la memoria del sector. Se trataba de una operación millonaria, con un claro componente político, destinada a auxiliar a un régimen que necesitaba alimentos para sostenerse internamente. Para Uruguay, y en particular para la lechería, se vendió como una tabla de salvación en un momento de dificultades. La realidad posterior demostró que fue, en los hechos, un pésimo negocio.

Venezuela no pagó en tiempo y forma. No porque hubiera un imprevisto puntual, sino porque su situación económica ya era frágil y conocida. Aun así, el Estado uruguayo avaló la operación y luego trasladó el problema al Parlamento, socializando las pérdidas mediante créditos que hoy siguen siendo afrontados, directa o indirectamente, por los productores. Es decir: el riesgo político lo asumió el sector productivo.

Conaprole fue la más golpeada. La mayor cooperativa del país, emblema del cooperativismo y de la inserción internacional del Uruguay, cobró apenas una parte de lo adeudado y debió provisionar millones de dólares como pérdida. Ese dinero faltante no es una abstracción contable: se traduce en menos rentabilidad, menor capacidad de inversión y un precio por litro de leche sensiblemente inferior al que podrían estar recibiendo los tamberos. En un sector donde cada peso cuenta, la diferencia es enorme.

Otras industrias, como Calcar, Pili o Claldy, lograron cobrar parcialmente y con retraso, en algunos casos gracias a gestiones políticas. Eso expone otro problema: la discrecionalidad y la falta de reglas claras cuando los negocios se mezclan con la diplomacia ideológica. Pili ya no existe; Calcar ha atravesado crisis profundas. Nada de esto puede desligarse de decisiones tomadas livianamente desde el poder.

Las declaraciones recientes del ministro Alfredo Fratti, admitiendo que la deuda es prácticamente incobrable, pueden sonar crudas, pero tienen el mérito de decir lo que muchos saben desde hace tiempo. Lo verdaderamente grave no es reconocer la pérdida, sino que nadie haya asumido responsabilidades políticas por una decisión que comprometió al principal sector exportador del país y que aún hoy condiciona su desempeño.

La lección debería ser clara: el comercio exterior no puede ser rehén de afinidades ideológicas ni de urgencias políticas ajenas. Cuando el Estado empuja negocios de alto riesgo, alguien termina pagando la cuenta. En este caso, la pagan los productores lecheros, que siguen ordeñando todos los días mientras cargan con una deuda que nunca fue suya.