El director ejecutivo de Ceres, Ignacio Munyo, afirmó que la pérdida de competitividad es actualmente el principal desafío que enfrenta Uruguay. Durante una exposición ante más de 300 empresarios, sostuvo que el contexto internacional se ha vuelto más complejo para atraer inversiones debido a la fragmentación geopolítica, el menor crecimiento global y las altas tasas de interés.

Según explicó, mientras los ingresos asociados a proyectos productivos crecieron algo más de una vez y media en las últimas décadas, los costos prácticamente se triplicaron, reduciendo el atractivo del país para nuevas inversiones. Además, señaló que la tradicional neutralidad uruguaya perdió parte de las ventajas que ofrecía en un escenario internacional cada vez más dividido en bloques políticos y económicos.A ello se suma la incertidumbre que generan las situaciones de Brasil y Argentina, principales socios comerciales del país. Por todo ello, Munyo, entiende que la inversión continúa siendo insuficiente para sostener mayores tasas de crecimiento. Recordó que la relación inversión-producto se mantiene por debajo del 16% del PIB, lejos del deseable 20% considerado necesario para impulsar un desarrollo sostenido.

Las trabas a la competitividad

El economista identificó tres factores centrales que afectan la competitividad nacional: la regulación laboral, la regulación de la competencia y la carga fiscal, incluyendo impuestos y tarifas públicas. En ese sentido, valoró el proyecto de ley de competitividad impulsado por el Poder Ejecutivo, destacando aspectos como la incorporación de criterios de proporcionalidad regulatoria, la gestión basada en riesgos, la ampliación de la digitalización de trámites y medidas orientadas a fortalecer la competencia. Sin embargo, sostuvo que la iniciativa podría fortalecerse si esos principios se transforman en derechos exigibles para ciudadanos y empresas, además de crearse un Consejo Asesor de Competitividad con independencia técnica.

Una propuesta para ahorrar US$ 550 millones

Uno de los anuncios centrales de la presentación fue una propuesta de Ceres destinada a generar más de 550 millones de dólares anuales mediante mejoras en la eficiencia del gasto público, evitando así la necesidad de nuevos impuestos. La iniciativa surge en momentos en que el gobierno analiza mecanismos de financiamiento para atender áreas prioritarias como la infancia, la seguridad pública y las personas en situación de calle. Entre las medidas planteadas figuran la tercerización total del dragado portuario, el cierre de la producción nacional de portland, la reducción de exoneraciones para vehículos eléctricos y una reformulación del Instituto Nacional de Colonización, que incluiría la venta gradual de campos y la suspensión de nuevas compras. A ello se suma una revisión integral del gasto estatal equivalente a aproximadamente el 1% del presupuesto público. Según Munyo, una estrategia basada en eficiencia permitiría obtener resultados fiscales similares a los que generarían aumentos de impuestos, pero con efectos más favorables sobre la inversión, el empleo y las expectativas económicas.

Cuestionamientos a la movilidad metropolitana

Munyo mostró reparos respecto al proyecto de movilidad metropolitana, con un costo estimado de mil millones de dólares. Las principales críticas se centraron en la intención de que el Estado sea propietario de los futuros ómnibus de tránsito rápido (BRT) y en el uso de endeudamiento público para financiar la iniciativa. En contrapartida, defendió una mayor utilización de mecanismos de Participación Público-Privada (PPP), argumentando que el país aún dispone de margen para desarrollar este tipo de herramientas. Recordó fallidas experiencias  como la regasificadora, los corredores Garzón y General Flores y el Antel Arena.

Preocupación por el sistema previsional

Otro de los temas abordados fue la seguridad social. Munyo manifestó inquietud por algunas propuestas surgidas del Diálogo Social, especialmente aquellas que podrían flexibilizar la edad de retiro o modificar el funcionamiento de las AFAP. Indicó que las proyecciones demográficas derivadas del Censo 2023 muestran un escenario más desafiante que el previsto cuando se aprobó la reforma previsional. Según estimaciones de Ceres, hacia 2045 habrá menos personas en edad de trabajar y menos nacimientos de los proyectados originalmente, lo que incrementará la presión sobre el sistema. Por ello, advirtió que retroceder en aspectos centrales de la reforma podría comprometer los avances logrados en materia de sostenibilidad fiscal. Para el economista, la clave sigue siendo mejorar la competitividad para atraer inversiones, generar empleo y sostener el crecimiento de largo plazo del país.