La Ministra de Vivienda Cecilia Cairo, se encuentra en el ojo del huracán tras conocerse que se halla en una situación de importantes irregularidades, lo que ha desatado una fuerte polémica en el ámbito político y social. La funcionaria, que en su etapa como diputada integró la Comisión de Vivienda y criticó duramente gestiones anteriores por situaciones similares, enfrenta ahora acusaciones de no haber regularizado su situación, a pesar de tener pleno conocimiento de la normativa.

El pasado le juega en contra

Durante su etapa como legisladora, la hoy ministra fue una voz crítica en la Comisión de Vivienda. Denunciaba errores, exigía transparencia y apuntaba contra quienes no cumplían con la ley. Hoy, esas mismas críticas parecen volverse contra ella. El principal cuestionamiento gira en torno a su vivienda construida —según fuentes— sin cumplir con las disposiciones legales vigentes: sin permiso de construcción, sin aportes laborales registrados, sin pago de contribuciones ni de impuestos asociados. “Su techo es de vidrio, y de vidrio resquebrajado”, expresó una voz del ámbito político, en alusión a la fragilidad de su posición actual frente a las normas que ella misma defendía en el pasado.

La gravedad del caso

El escándalo no se limita a una sola propiedad. Se habla de múltiples construcciones que habrían sido realizadas fuera del marco legal. “Esto no es menor: si lo hiciera cualquier ciudadano común, le caerían encima el Ministerio de Trabajo, el BPS y la Intendencia. Habría multas, sanciones, inspecciones. Pero aquí parece que hay una vara distinta para quienes están en el poder”, comentó una analista. Además de evadir regulaciones, hay preocupación sobre el trato a los trabajadores que participaron en la obra. Según trascendidos, no se habrían realizado los aportes correspondientes ni declarado la mano de obra utilizada, lo que agrava aún más la situación desde una perspectiva social, laboral y ética.

El silencio oficial y la falta de autocrítica

Hasta el momento, la ministra no ha ofrecido una explicación contundente ni ha asumido responsabilidad política. En lugar de ello, ha apelado a situaciones personales difíciles del pasado, como la crisis económica de 2002, para justificar su accionar. Sin embargo, para muchos analistas políticos, esta estrategia no alcanza. “Apelar al drama personal puede tener impacto emocional, pero no borra el hecho de que quien dirige la política habitacional del país debe ser un ejemplo de cumplimiento. Lo más digno sería dar un paso al costado para no arrastrar al gobierno a justificar lo injustificable”, opinó una dirigente opositora.

Antecedentes que pesan

El caso recuerda al del senador Oscar Andrade (ex dirigente sindical y del PCU) , quien también enfrentó acusaciones por irregularidades habitacionales, aunque en su caso, finalmente regularizó la situación. “Esto vuelve a abrir una herida en la credibilidad del sistema político. Los ciudadanos están cansados de ver cómo quienes hacen las leyes no las cumplen”, agregó otro legislador.

Consecuencias políticas en el horizonte

El gobierno aún no ha definido una postura oficial, pero fuentes cercanas al entorno presidencial reconocen que el tema genera incomodidad. “Hay 100 kilómetros entre una irregularidad y una renuncia, pero esos kilómetros se pueden acortar muy rápido cuando se trata de confianza pública”, advirtió un analista. La situación de la ministra podría convertirse en un nuevo frente de conflicto para el Ejecutivo, ya golpeado por otras controversias recientes. En los próximos días, se espera que el Parlamento solicite su comparecencia para aclarar los hechos y, eventualmente, definir responsabilidades.