El pasado 9 de junio de 2025, la Fiscalía Departamental de Tacuarembó logró condenar a ocho personas implicadas en un caso grave de explotación y maltrato en un residencial clandestino ubicado en Rincón de Tranqueras. Más de treinta personas vivían allí en condiciones deplorables, sufriendo abusos y privaciones de libertad.

Investigación y colaboración clave

La investigación estuvo a cargo de las fiscales Ángela Böhnke y Paula Pereyra, quienes trabajaron en conjunto con la Unidad de Víctimas y Testigos para brindar apoyo a las víctimas. Además, la cooperación con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social fue fundamental para esclarecer los hechos y garantizar la protección de las personas afectadas.

Delitos y penas impuestas

Los ocho condenados enfrentaron cargos por delitos graves como trata de personas, reducción a esclavitud, servidumbre, abuso de incapaces, privación de libertad, violencia privada y lesiones, entre otros. A continuación, se resumen las condenas más relevantes:

F. H. G. F. y M. D. C. M. G. recibieron penas de cuatro años y un mes de prisión por trata de personas, reducción a esclavitud, asociación para delinquir y otros delitos graves.

N. B. F. B. fue condenada a cuatro años y seis meses de cárcel por delitos similares, además de estafa y fraude informático.

Los restantes seis condenados recibieron penas de 24 meses de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba, con condiciones estrictas como arresto domiciliario con dispositivo electrónico, trabajo comunitario y supervisión constante.

Medidas para la reinserción y vigilancia

Los condenados que cumplen penas en régimen de libertad a prueba deben cumplir con estrictas condiciones, incluyendo firmar semanalmente en la seccional policial, realizar trabajo comunitario y participar en planes de orientación y vigilancia asignados por DINAMA. Estas medidas buscan evitar la repetición de conductas delictivas y proteger a la comunidad.

Importancia del caso

Este caso pone en evidencia la existencia de redes de explotación en residenciales clandestinos y la necesidad de una acción coordinada entre distintas instituciones para proteger a las víctimas. La condena de los responsables representa un paso importante en la lucha contra la trata de personas y el abuso de los más vulnerables en Uruguay.

La justicia en Tacuarembó ha dado una respuesta firme y clara, enviando un mensaje contundente contra la explotación y el maltrato. La colaboración entre Fiscalía, ministerios y unidades especializadas demuestra que, trabajando juntos, es posible proteger a quienes más lo necesitan y castigar a quienes violan sus derechos.