La Operación Trazador, que investiga una maniobra de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, continúa generando repercusiones políticas tras la condena de Pablo Leiva, quien se desempeñaba como asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez en la Junta Departamental de Montevideo.

El caso motivó una rápida reacción del Partido Nacional. La Comisión de Asuntos Políticos del Directorio calificó la situación como de “enorme gravedad” y recomendó que la Comisión de Ética analice la actuación del edil Gómez, quien compareció ante las autoridades partidarias tras regresar de una misión oficial en China.

En su resolución, el órgano partidario sostuvo que el eventual desconocimiento de las actividades ilícitas de un asesor no exime a los dirigentes de actuar con la debida diligencia al designar cargos de confianza. Además, recomendó aceptar la renuncia de Lucio Leiva, hijo del condenado y también asesor de Gómez, a la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo.

¿También alcanza al Frente Amplio?

Sin embargo, el caso podría extenderse más allá del Partido Nacional. Según informaron El Observador y La Diaria, el fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, mantendrá reuniones con los policías que participaron en la investigación para evaluar si existen elementos que justifiquen la apertura de una nueva causa sobre el circuito utilizado para blanquear dinero.

Uno de los puntos que concentra ahora la atención es la declaración realizada por Pablo Leiva ante la Fiscalía. Allí sostuvo que trabajaba para Andrés Zugarramurdi, tesorero de Cambio Monex y vinculado a un sector del Frente Amplio.

Ese testimonio abrió una nueva línea de interés para los investigadores, ya que, de acuerdo con las versiones periodísticas, Zugarramurdi habría realizado aportes significativos a campañas electorales de ese sector político. Hasta el momento, esa información forma parte de las actuaciones que la Fiscalía procura esclarecer y no implica, por sí sola, una atribución de responsabilidad penal.

Con la investigación aún en desarrollo, la Operación Trazador dejó de ser un caso circunscrito a una condena individual y pasó a convertirse en un expediente con derivaciones institucionales y políticas que continúan bajo análisis de la Justicia.