La reciente decisión de Obras Sanitarias del Estado (OSE) de incrementar tarifas y costos administrativos generó un amplio rechazo por parte de actores profesionales y políticos, que advierten sobre sus consecuencias económicas, jurídicas y sociales. La resolución Nº 1464/25, publicada el pasado 31 de diciembre, estableció un aumento del 8,5% en la tarifa de agua potable y saneamiento, al tiempo que fijó en 1 Unidad Reajustable (UR) el costo de los certificados de saneamiento y libre de deuda, documentos habitualmente exigidos en operaciones inmobiliarias.

La medida fue recibida con “total desacuerdo” por la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU), que expresó su profunda preocupación por el impacto que tendrá sobre la actividad notarial y, especialmente, sobre los ciudadanos que deben afrontar estos costos para concretar trámites vinculados a la vivienda. En un comunicado oficial, la AEU sostuvo que la resolución podría generar “consecuencias jurídicas, sociales y operativas significativas”, al tiempo que solicitó a OSE que analice y fundamente la legalidad del nuevo cobro. En ese sentido, la gremial advirtió sobre una eventual extralimitación de la potestad reglamentaria del ente estatal y cuestionó la falta de habilitación expresa en las leyes Nº 14.497 y Nº 18.840, que regulan la materia. 

"Barrera adicional e injustificada"

A juicio de la AEU, el cobro de 1 UR por cada certificado configura una barrera económica adicional e injustificada, con un efecto claramente regresivo que afecta con mayor dureza a las familias de menores recursos, en un contexto de desaceleración económica y encarecimiento del costo de vida.Consultadas por esta situación, las autoridades de OSE optaron por no realizar declaraciones públicas inmediatas y anunciaron que brindarán explicaciones el próximo 20 de enero ante la Comisión Permanente del Parlamento, instancia en la que se espera que se detallen los fundamentos técnicos y legales de la resolución adoptada.

"Nuevo impuesto encubierto"

En paralelo, dirigentes políticos de la oposición también manifestaron su rechazo a la medida, calificándola como “un nuevo impuesto encubierto que se recarga directamente al vecino”. Desde estos sectores se cuestionó la ausencia de exoneraciones o mecanismos de alivio para sectores vulnerables y se acusó al Estado de actuar con una lógica meramente recaudatoria. “Vemos a un Estado desesperado por hacer caja, sin evaluar el impacto social de sus decisiones”, señalaron.

Ámbito parlamentario

El debate queda ahora abierto en el ámbito parlamentario, donde se anticipa un análisis crítico de una resolución que, lejos de pasar desapercibida, volvió a encender la discusión sobre el rol de las empresas públicas y los límites de su política tarifaria.