Una investigación administrativa concluyó que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) filtró en 2024 información reservada al entonces senador frenteamplista Charles Carrera. El caso se originó cuando el organismo decidió reabrir una denuncia para evaluar la actuación ética del legislador por haber gestionado la atención médica de un civil en el Hospital Policial, cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior, hecho que actualmente investiga la Fiscalía.

Durante la investigación, Carrera admitió que había recibido en su despacho del Palacio Legislativo un sobre con la resolución y el informe jurídico. Sin embargo, la instructora no logró determinar quién filtró los documentos, aunque recogió presunciones sobre posibles responsables. La entonces presidenta de la Jutep, Gabriela Di Longo, declaró que solo tres personas conocían el contenido de la decisión: ella, el vicepresidente Guillermo Ortiz y la vocal Ana Ferraris, actual titular del organismo.

Ferraris negó cualquier participación y subrayó que la investigación “no determinó responsabilidades” ni derivó en sumarios o sanciones. El informe final, fechado en agosto de este año, concluyó que existió “intencionalidad” en la filtración, pero recomendó únicamente reforzar el deber de confidencialidad dentro de la Jutep, al considerar que no había elementos suficientes para imputar una falta administrativa.