El conflicto en la pesca uruguaya se ha convertido en uno de los más prolongados y costosos de los últimos años. La disputa entre el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) y las empresas armadoras ya generó pérdidas que rondan los US$ 50 millones, paralizó la actividad en plena zafra y encendió las alarmas en el gobierno por su impacto en el empleo y en las exportaciones. La gravedad de la situación llevó al propio presidente de la República, Yamandú Orsi, a involucrarse directamente en la búsqueda de una salida. Junto al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se reunieron con el presidente de la Cámara de Armadores Pesqueros, Juan Riva Zuchelli, y un asesor, con el objetivo de acercar posiciones y destrabar un diferendo que se prolonga sin solución.

Una propuesta rechazada

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentó una fórmula de negociación que fue aprobada por unanimidad por la asamblea sindical. Sin embargo, desde el sector empresarial aseguran que nunca recibieron una propuesta formal por escrito, sino únicamente un correo electrónico de la Dirección de Trabajo notificando que el gremio había aceptado la iniciativa del gobierno. La reacción de los armadores fue de escepticismo y malestar. Consideran que la propuesta no atiende sus reclamos y que las pérdidas sufridas hacen difícil aceptar un acuerdo en las condiciones actuales. Mientras tanto, las flotas continúan detenidas y el sector atraviesa un impasse sin salida clara.

El elevado costo económico

Los números son elocuentes. Los buques de altura, dedicados principalmente a la pesca de merluza, perdieron entre US$ 2 y 3 millones solo en julio, cuando deberían haber estado en plena temporada. Cada barco invierte alrededor de US$ 500.000 en combustible antes de zarpar, gasto que se vio desperdiciado al tener que regresar a puerto tras el inicio del conflicto. A eso se suman toneladas de alimentos frescos que debieron tirarse, generando un clima de frustración en las empresas. “Alguien tiene que pagar los platos rotos”, dijo con crudeza un empresario, reflejando el malestar del sector patronal ante lo que consideran un diferendo originado en demandas vinculadas principalmente a la flota costera, pero que terminó afectando a toda la industria.

Tensiones políticas y sindicales

La Cámara de Armadores, en un intento por retomar actividades, lanzó un llamado abierto a tripulantes, que recibió más de 9.000 postulaciones, aunque solo 400 de los interesados cuentan con libreta de embarque.

La medida desató duras críticas dentro del oficialismo. El diputado del MPP Gabriel Otero calificó el procedimiento como una “medida antisindical” y acusó a las empresas de “mostrar desprecio hacia la dirigencia sindical”. Según el legislador, el llamado representa una “militarización de la pesca” y constituye un paso “fuera de toda lógica” que pone en riesgo la seguridad de la actividad. Además cuestionó a la patronal por sugerir la necesidad de un cambio en la conducción del sindicato, lo que a su juicio agrava aún más el enfrentamiento. El legislador adelantó que el MTSS y el oficialismo exigirán a la Prefectura Naval un control estricto para impedir que zarpen personas sin la capacitación necesaria. El desafío pasa ahora por reconstruir la confianza entre las partes y alcanzar un entendimiento que permita retomar la actividad. Mientras tanto, el mar sigue esperando.