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El grupo de empresas que construyó el Ferrocarril Central y se ocupa de su mantenimiento anunció ayer el inicio de un proceso de arbitraje contra el Estado uruguayo por incumplimiento de los compromisos de pago.  Según un comunicado emitido por el Grupo Vía Central, desde el 24 de diciembre de 2023 el consorcio no recibe ningún pago del Ministerio de Transporte y Obras Públicas por lo que la deuda asciende a unos 160 millones de dólares.

La nueva situación legal, de ir al arbitraje, fue comunicada oficialmente y en forma personal al Presidente de la República Luis Lacalle Pou por directivos del consorcio en una reunión realizada en Torre Ejecutiva. Tanto el gobierno como la compañía han venido trabajando en un acuerdo de entendimiento que se firmó en enero pero, la falta de avance del trámite se debió a la negativa del Ministerio de Economía a autorizar los pagos de las distintas dependencias del Estado.

El proyecto implicó una inversión del Grupo Vía Central de unos US$ 1.500 millones, que fueron financiados por los accionistas Sacyr de España, NGE de Francia, las compañías nacionales Saceem y Berkes y bancos e instituciones locales e internacionales.

En el contrato está determinado que las constructoras de la infraestructura, destinada inicialmente al traslado de la celulosa desde la planta de UPM en Pueblo Centenario al puerto de Montevideo, se harían cargo de la inversión y luego el Estado iría pagando partidas de dinero a medida que se fueran cubriendo etapas. En su nota, Grupo Vía Central señala que el proyecto ha enfrentado a lo largo de su desarrollo varios desafíos, como la demora en las expropiaciones de terrenos, la pandemia, el aumento de precios debido a la guerra Rusia-Ucrania y hasta el vandalismo de la infraestructura.

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