El Registro Mercantil del Reino Unido, confirmó la disolución de EuroCommerce Limited, la empresa británica que otorgó la “garantía de fiel cumplimiento” al astillero español Cardama para la compra de dos patrullas oceánicas para Uruguay durante el gobierno de Lacalle Pou. La firma fue eliminada del registro por incumplir con requisitos legales, entre ellos la entrega de documentación básica sobre su dirección, autoridades y accionistas. La información fue divulgada por Búsqueda y figura en la web oficial del organismo, donde se detalla que la medida entrará en vigor el próximo 11 de noviembre.

EuroCommerce era la compañía que, después once meses de demora, presentó Cardama como garante del contrato para la construcción de las dos embarcaciones OPV por 82 millones de euros. En ese acuerdo, Cardama ofreció una garantía de fiel cumplimiento equivalente al 5 % del monto total, supuestamente emitida por EuroCommerce Limited. Sin embargo, el documento ya había generado sospechas en el estudio Delpiazzo Abogados, asesor del Ministerio de Defensa, por inconsistencias en su origen y respaldo financiero. El gobierno de Yamandú Orsi considera que esa garantía era falsa y presentó una denuncia penal por presunto fraude. La investigación apunta a que EuroCommerce era una “empresa de papel”, sin empleados ni actividad económica registrada, y con un domicilio en Londres donde en realidad funciona una inmobiliaria. La disolución de EuroCommerce implica que todos sus bienes y derechos pasarán a ser propiedad de la Corona británica. 

La reacción del gobierno

Fuentes del gobierno dijeron que, por el momento, no se recurrirá a la vía civil contra Cardama, ya que se espera reunir más elementos, entre ellos la confirmación —ahora oficial— de que la garantía no existe. En consecuencia, el Estado uruguayo no realizará más pagos al astillero español, lo que podría frenar la construcción de las patrulleras si la empresa no dispone de fondos propios para continuar con el proyecto. Hasta ahora, Cardama no ha realizado contactos formales con el gobierno uruguayo. Al mismo tiempo, el Ejecutivo mantiene conversaciones con el gobierno español para buscar una salida. Una de las opciones, adelantada por el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, es que otra empresa asuma la construcción de las patrulleras, mientras avanza la investigación judicial sobre la presunta estafa.