La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) trabaja en la búsqueda de consensos para realizar modificaciones legislativas. La Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada durante el gobierno de Lacalle Pou, estableció como excepción a la Ley de Inclusión Financiera, la posibilidad de realizar operaciones en efectivo por hasta 1.000.000 de unidades indexadas (al día de hoy $6.278.300, unos 145.330 dólares). La secretaria nacional de la Senaclaft, Sandra Libonatti, indicó que los cambios en las recomendaciones internacionales, que son las que Uruguay tiene en cuenta, son constantes. Aseguró que Uruguay “siempre quedamos un poco siempre corriéndola de atrás en las modificaciones que hay que hacer”.

Expresó preocupación por cuestiones locales para poder avanzar, entre ellas, el manejo del efectivo, y habló de mayores vulnerabilidades al momento de evaluar los riesgos. “El efectivo sigue siendo un mecanismo que se utiliza fuertemente para el lavado de activos”, afirmó.

Consultada sobre si uno de los cambios es el que refiere a la disposición de la LUC, Libonatti sostuvo que “es un cambio que desde la secretaría creo que es relevante, que se importante, tampoco es cuestión de trancar inversiones”.

La titular de la Senaclaft recordó que hay personas que guardan efectivo en su casa, que sigue siendo una práctica común en Uruguay y que hay personas que manejan más efectivo y que pequeños negocios lo utilizan en su operativa diaria.

En Uruguay, los sectores financieros e inmobiliarios están identificados como los de mayor riesgo. “La idea no es ir contra nada ni contra nadie. Claramente, nosotros, como país, necesitamos inversiones”, pero según Libonatti, que esos fondos no provengan de ninguna actividad ilícita.