El inicio del año escolar en Tacuarembó ha estado marcado por la preocupación y la incertidumbre. Maestros y funcionarios no docentes se manifestaron en rechazo a los actos de vandalismo y las amenazas que han afectado a las escuelas de las localidades de Cardozo Chico y Peralta, donde la seguridad de docentes y alumnos está en riesgo.

Escuelas bajo amenaza

En los últimos 15 días, las comunidades educativas de estas zonas rurales han enfrentado una situación de creciente violencia. Instituciones educativas fueron blanco de ataques vandálicos, mientras que docentes y estudiantes han recibido amenazas que han generado temor y dificultado el normal desarrollo de las clases.

María Teresa Ferraz, representante de la Asociación de Maestros de Uruguay (Ademu), expresó su preocupación por la falta de soluciones concretas. “Esto tiene que parar. Llevamos más de 15 días trabajando en este tema con la Inspección y la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), pero es una tarea difícil”, afirmó.

Condiciones inadecuadas para la enseñanza

Las condiciones actuales han obligado a tomar medidas extremas. En la escuela N° 91, una maestra se ha visto en la necesidad de dictar clases en la casa de un alumno, algo que Ferraz considera inaceptable. “Ese no es el lugar adecuado para generar un ámbito educativo”, advirtió.
Además, la docente que fue amenazada directamente ha solicitado no asistir a su lugar de trabajo debido al riesgo que implica. A pesar de que la Inspección Departamental había prometido resolver la situación, aún no se ha encontrado una solución definitiva.

Pedido de mayor seguridad

Uno de los reclamos principales de los trabajadores es la implementación de medidas de seguridad efectivas que protejan tanto a los docentes como a los alumnos. Actualmente, las escuelas afectadas cuentan con la presencia de un móvil policial, algo que ha generado debate entre los funcionarios.

Fernando Prego, de la Asociación de Funcionarios de Primaria (Afuprim), consideró que esta no es la solución adecuada. “Es inentendible que haya un móvil policial en una institución educativa. Lo lógico sería contratar un servicio de vigilancia que brinde garantías de seguridad óptimas para los trabajadores”, manifestó.

Un llamado urgente a la acción

La comunidad educativa insiste en que este es “el comienzo de clases más violento de los últimos años” y advierte sobre la necesidad de actuar antes de que la situación se agrave aún más. “No podemos seguir naturalizando esto como algo normal”, sentenció Prego.

Además de exigir respuestas inmediatas, los docentes han solicitado que se atienda la salud mental de los niños, niñas y funcionarios afectados por estos hechos. La incertidumbre y el miedo no solo afectan el desarrollo académico, sino también el bienestar emocional de toda la comunidad.

Mientras los maestros y funcionarios continúan en la lucha por condiciones seguras de enseñanza, la espera por una solución definitiva sigue generando inquietud en Tacuarembó.