Tres denuncias fueron presentadas ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) para que analice diversos aspectos vinculados a la compra de una camioneta de alta gama por parte del presidente de la República, Yamandú Orsi. Según surge de los escritos elevados al organismo, los denunciantes solicitan que se determine si el descuento obtenido en la adquisición del vehículo constituyó una práctica comercial habitual, accesible para cualquier ciudadano, o si se trató de una ventaja otorgada en razón de la investidura presidencial. En ese sentido, sostienen que, de comprobarse una situación de privilegio, podrían existir eventuales incompatibilidades con las normas contenidas en el Código de Ética de la Función Pública, que prohíbe a los funcionarios recibir beneficios o ventajas indebidas de terceros.

Las denuncias también plantean la necesidad de investigar una posible relación entre la operación comercial y la utilización de vehículos de la misma marca durante el desfile oficial realizado con motivo de la asunción presidencial. Los denunciantes señalan que dicho evento tuvo lugar apenas ocho días después de la compra de la camioneta y solicitan conocer si existió algún vínculo entre ambas situaciones. Asimismo, reclaman que se determine si la empresa importadora o sus concesionarios mantienen contratos, licitaciones o vínculos comerciales vigentes con organismos del Estado.

Otro de los aspectos planteados refiere a la evolución patrimonial declarada por el mandatario. Según se señala en la denuncia, al comparar las declaraciones juradas correspondientes a 2024 y 2025, una vivienda valuada en US$ 73.500, que anteriormente figuraba íntegramente a nombre de Orsi, pasó a registrarse a nombre de su esposa, Laura Alonsopérez. Los denunciantes solicitan aclaraciones sobre dicha situación patrimonial.

Finalmente, también se pidió que se informe si organismos estatales han adquirido vehículos de la misma marca, cuáles fueron los montos involucrados y si tales operaciones contaron con la correspondiente intervención y observación del Tribunal de Cuentas. La Jutep analizaría las denuncias durante la sesión prevista para el próximo miércoles 3 de junio, instancia en la que podría definir los pasos a seguir para el tratamiento del caso.