La discusión por el fideicomiso de US$ 60 millones solicitado por el intendente Carlos Albisu no es solo una pulseada parlamentaria: es el reflejo más nítido del estado en que quedó el departamento tras diez años de una gestión que combinó endeudamiento creciente, obras postergadas y decisiones políticas orientadas más a proyectos personales de poder que a las necesidades reales de la población. 

El presente debate expone, con crudeza, que Salto está pagando las consecuencias de haber sido administrado por un esquema donde primó la lógica del punterismo, la improvisación y la agenda electoral del entonces intendente, hoy líder opositor.

En este contexto, Albisu propone un camino tan incómodo como inevitable: endeudarse a 20 años para ordenar un pasivo asfixiante y, al mismo tiempo, financiar obras estructurales que permitan poner de pie a un departamento cuyo deterioro es visible en calles destruidas, accesos intransitables, un vertedero colapsado y servicios básicos deteriorados. La Coalición Republicana ya tiene 19 votos asegurados y necesita dos más del Frente Amplio para alcanzar los 21 requeridos. Allí se libra la verdadera batalla.

La dirigencia frenteamplista local rechazó oficialmente el endeudamiento, pero la presencia de dos ediles jóvenes que aún no han fijado posición generó alarma interna. Al punto que referentes nacionales del FA fueron convocados para contener cualquier disidencia, ante el riesgo de fracturas o incluso eventual expulsión partidaria. El hecho revela una tensión profunda: por un lado, la presión para mantener disciplina partidaria; por otro, el costo político de votar en contra de un instrumento que podría destrabar deudas urgentes y reactivar obras largamente reclamadas por la población.

La sesión más reciente dejó en evidencia el clima caldeado. Ex funcionarios cesados interrumpiendo, ediles sorprendidos por la apertura al diálogo y un debate que volvió a comisión por una semana para intentar, al menos en lo formal, un análisis más profundo. Desde el sector crítico del FA, el edil Mario Furtado argumenta que la Intendencia no necesita endeudarse, que ya hubo un ahorro sustancial tras la reducción de funcionarios y que comprometer a futuros gobiernos sería irresponsable. Pero ese análisis choca con los datos esgrimidos por la coalición: más de la mitad del fideicomiso se destinaría simplemente a pagar deudas heredadas —incluyendo veinte cuotas impagas a la empresa de luminarias Sonda— y a saldar obligaciones con decenas de comerciantes salteños que esperan desde hace años.

El resto se orientaría a intervenciones urgentes: accesos viales en estado deplorable, la regularización del vertedero municipal y el saneamiento de las termas del Daymán, entre otras prioridades sobre las que la administración anterior, según el oficialismo, “no hizo absolutamente nada”.

En definitiva, el dilema para el sistema político salteño no es menor. El Frente Amplio debe decidir si su rechazo se sostiene en argumentos técnicos o en el temor a que dos votos propios habiliten una herramienta que deje en evidencia el estado real en que se entregó la intendencia. La Coalición Republicana, por su parte, necesita demostrar que el fideicomiso no es un salvavidas financiero sino un plan coherente de reconstrucción.

Lo cierto es que Salto se encuentra ante una decisión que marcará su futuro. O se asume el costo político de encarar el ordenamiento financiero y las obras pendientes, o se prolonga la parálisis heredada. 

Lo que está en juego no es un instrumento financiero: es la oportunidad de que el departamento deje atrás una década de deterioro y recupere, por fin, un rumbo claro.