El gobierno enviará al Parlamento /
El proyecto del Ministerio de Justicia, con posible apoyo de Cabildo Abierto
El Poder Ejecutivo ultima los detalles del proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia, que prevé enviar al Parlamento durante la próxima semana; la iniciativa, que forma parte de las reformas institucionales impulsadas por el gobierno de Yamandú Orsi, llegará al ámbito legislativo en medio de un fuerte rechazo de los partidos tradicionales y sin los apoyos necesarios asegurados para su aprobación.
La propuesta busca reorganizar y centralizar competencias vinculadas con el sistema penitenciario y los derechos humanos, actualmente distribuidas entre distintas dependencias del Estado. El objetivo del gobierno es establecer una estructura específica para coordinar estas áreas, aunque el alcance definitivo de la nueva cartera se conocerá una vez que se presente el articulado.
Un proyecto con escenario parlamentario complejo
El proyecto enfrenta un escenario parlamentario complejo. Tanto el Partido Nacional (PN) como el Partido Colorado (PC) adelantaron su oposición a la creación de un nuevo ministerio, mientras que Cabildo Abierto (CA) mantiene una postura de cautela y aguardará la redacción definitiva antes de resolver su voto.
Uno de los principales cuestionamientos de la oposición está relacionado con el eventual incremento del gasto público y de la estructura burocrática del Estado. Desde los partidos tradicionales sostienen que la creación de una nueva cartera implicaría incorporar cargos políticos y oficinas administrativas, en lugar de mejorar el funcionamiento de las instituciones existentes.
Las críticas también alcanzan el diseño institucional de la propuesta. Sectores opositores advierten sobre los riesgos que, a su entender, podría representar para la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía, y cuestionan la posibilidad de que el gobierno amplíe su influencia sobre el sistema de justicia.
En ese contexto, la discusión parlamentaria no solo estará centrada en las competencias y los recursos del eventual ministerio, sino también en las garantías institucionales que contemple el proyecto.