Polémica por idea de Ministro de Trabajo

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, insiste con su proyecto de ley, que obligará a las empresas a avisar con antelación cuando planeen cerrar o disponer despidos masivos. El jerarca sostuvo que la iniciativa apunta a generar “prevención y garantías”, para que el Estado pueda intervenir antes de que los trabajadores se enteren “de la noche a la mañana”. Mencionó que en los últimos meses hubo retiros y despidos en varias empresas, entre ellas UKG, Tether, M24, Movistar y Yazaki.

Los antecedentes 

Castillo recordó que ya existe un antecedente presentado en la legislatura pasada por los senadores José Nunes y Óscar Andrade, basado en el Convenio 158 de la OIT sobre estabilidad laboral. Tras lo que anunció, que la próxima semana el Ministerio de Trabajo presentará adelanto del nuevo texto ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado y respondió a las críticas opositoras, afirmando que “si nadie está pensando en despedir trabajadores, no tendría por qué preocuparle”.

Cuestionamientos desde la Cámara Empresarial

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, la calificó como una “mala idea” ya que puede afectar la inversión y el empleo. Sostuvo que: “En principio, todas aquellas cosas que coarten la libertad de los empresarios nos parecen que no son las más adecuadas. Es un mensaje bastante malo que le estamos dando a los inversionistas extranjeros, que es una de las cosas que este gobierno ha planteado como muy importante para poder mejorar el producto bruto interno. Entonces, no es una buena señal: le estamos poniendo trabas a la salida si un empresario extranjero hace una inversión y quiere retirarse”.

Criticas de senadoras del Partido Nacional

Desde el Partido Nacional, la senadora Graciela Bianchi, apunto al propio ministro de Trabajo, Juan Castillo, de quien dijo: “piensa como si estuviéramos en un país donde predomina su ideología y nada más lejano de la realidad, porque este es un país liberal, donde se defiende la propiedad privada y donde el empresario tiene sus derechos”. Bianchi consideró que, “si el empresario quiere despedir a los trabajadores, lo que tiene que hacer es pagar las indemnizaciones que correspondan y cumplir con la ley. Si quiere cerrar sus puertas porque no le conviene el negocio tiene todo el derecho de cerrar y dedicarse a otra cosa”, y apuntó que “eso no cabe en la cabeza de quienes no entienden que el comunismo no triunfó en ninguna parte del mundo”.

“El preaviso implicará un aumento de costos”

El especialista en Derecho Laboral, Leonardo Slinger, sostuvo que “un cambio de esas características sería como contracultural y aprobarlo sin el acuerdo de todos los actores sería perjudicial para el manejo de las relaciones laborales”. Consideró que, actualmente “hay un régimen que funciona, los despidos se comunican, verbalmente, por telegrama, por Whatsapp. Es un método validado por la jurisprudencia. Los jueces dicen que si es un mecanismo habitual de comunicación con el trabajador se puede comunicar, así como el trabajador puede renunciar por Whatsapp, o avisar que va a faltar”. Así considero, que al reglamentar la obligatoriedad de un preaviso “implicaría un aumento de costos, porque el empleador pagaría el preaviso”, de forma tal que el empresario sumaría ese costo al del despido, recordando que se debe entender que “No va a privar al empleador del derecho a despedir, que es la esencia del sistema”, señaló.