Cada revolución tecnológica cambió la forma en que vivimos. La máquina de vapor transformó el trabajo, la electricidad cambió las ciudades, internet cambió la manera en que nos comunicamos. En todos esos casos, la tecnología llegó primero y el Derecho la corrió de atrás, intentando dar respuestas a problemas que hasta ese momento ni siquiera existían. Con la inteligencia artificial parece estar pasando lo mismo, aunque a una velocidad muy superior.

Mientras buena parte de la discusión gira en torno a si la inteligencia artificial va a destruir puestos de trabajo o cambiar algunas profesiones, tengo la sensación que estamos dejando de lado un debate mucho más profundo. No se trata solamente de cómo vamos a trabajar dentro de diez años. Se trata de cómo vamos a convivir en una sociedad donde cada vez será más difícil distinguir entre lo verdadero y lo falso.

Hasta hace muy poco, una foto era una prueba bastante confiable de que algo había pasado. Un audio permitía reconocer la voz de una persona y un video constituía, salvo excepciones, un registro bastante fiel de la realidad. Esa certeza empezó a desaparecer. Hoy existen programas de libre acceso capaces de recrear voces, imágenes y videos con un grado de realismo que hace apenas unos años parecía reservado a las grandes productoras de cine.

Eso obliga a repensar cuestiones que hace muy poco dábamos por resueltas. La reputación de una persona puede verse afectada por un video que nunca existió. Una estafa puede hacerse utilizando la voz de un familiar. Una fake news puede difundirse con una velocidad muy superior a la capacidad que tiene la verdad para desmentirla. La inteligencia artificial no inventó estos problemas, pero multiplicó su escala de una manera difícil de imaginar hace apenas unos años.

Lo más curioso es que muchas veces colaboramos con ese proceso sin darnos cuenta. Compartimos fotos, videos, audios o cuestiones de nuestra vida con demasiada naturalidad. No es que haya algo necesariamente malo en hacerlo. El problema es que esa enorme cantidad de información, que antes quedaba dispersa entre familiares y amigos, hoy puede convertirse en la materia prima con la que se entrenan sistemas capaces de reconstruir nuestra voz, nuestros gestos o nuestra imagen. Nunca fue tan fácil exponer aspectos de nuestra identidad sin ser plenamente conscientes del alcance que eso puede tener.

Sería un error, sin embargo, caer en un discurso apocalíptico. La inteligencia artificial también promete avances. Desde diagnósticos médicos más precisos hasta mejores herramientas educativas, pasando por una productividad impensada para pequeñas empresas y profesionales independientes.

El desafío, entonces, no es frenar la tecnología. Nunca lo fue. El verdadero desafío consiste en lograr que el Derecho acompañe esa transformación sin asfixiarla y, al mismo tiempo, sin dejar desprotegidas a las personas.

Uruguay tiene una legislación bastante seria en materia de protección de datos personales y ha comenzado a desarrollar estrategias sobre inteligencia artificial. Son pasos importantes y demuestran que el tema empezó a ocupar un lugar en la agenda pública. Pero también sería ingenuo creer que alcanza con adaptar algunas normas. La velocidad con la que evoluciona esta tecnología obliga a pensar de otra manera. Las leyes no pueden limitarse a reaccionar cuando el problema apareció; tienen que ser lo suficientemente flexibles como para seguir siendo útiles cuando el problema cambie.

También creo que habrá desafíos que ninguna ley podrá resolver por sí sola. Durante años aprendimos a desconfiar de los mails extraños o de los mensajes que prometían premios imposibles. Muy probablemente tengamos que desarrollar una nueva alfabetización digital que nos enseñe a verificar un audio antes de creerlo, a desconfiar de un video antes de compartirlo y a entender que la evidencia visual ya no tendrá el mismo valor que tuvo. La prudencia dejará de ser una virtud exclusivamente jurídica para convertirse en un hábito cotidiano.

La inteligencia artificial no es un fenómeno del futuro. Ya está entre nosotros y va a seguir avanzando, nos guste o no. La verdadera discusión, entonces, no pasa por decidir si queremos convivir con ella. Pasa por algo bastante más desafiante: preguntarnos si Uruguay está realmente preparado para hacerlo.