El debate sobre seguridad dejó hace tiempo de ser un asunto coyuntural. En toda América Latina, sin excepción, se consolidó como una cuestión estructural que condiciona la vida cotidiana, las instituciones y hasta la cohesión social. Uruguay, aunque todavía preserva niveles de estabilidad que otros países perdieron, navega hoy en aguas donde el crimen organizado busca expandirse con métodos y ambiciones que superan la delincuencia tradicional. Decimos Uruguay, con lo también queremos decir que Salto no escapa a esa realidad. Negarlo sería equivalente a abandonar el timón. La región enseña lecciones duras. Cuando organizaciones criminales acumulan recursos, armas e influencia territorial, la línea entre autoridad legítima y poder mafioso se vuelve frágil. No se trata de ausencia del Estado, sino de algo más sutil y corrosivo: una superposición de mandos. En ciertos barrios, estas redes imponen normas paralelas, cobran “servicios” que nadie pidió y administran miedo como si fuera una moneda. Allí donde la institucionalidad vacila, otras reglas ocupan su lugar.