La movilización de los vecinos del barrio Dos Naciones vuelve a poner sobre la mesa una situación que no es nueva y que desde hace años viene generando preocupación: ruidos molestos hasta altas horas de la madrugada, motos con escapes libres, maniobras peligrosas, desorden y denuncias vinculadas al consumo de drogas. Lo más preocupante es que los vecinos sienten que han perdido algo tan básico como la tranquilidad en sus propias casas.

Hay quienes cuentan que prácticamente todos los fines de semana deben soportar ruidos, música, aceleradas de motos y situaciones que alteran la convivencia. También se ha señalado que algunos vecinos de toda la vida terminaron vendiendo, alquilando o abandonando sus viviendas porque ya no podían descansar. Y eso debería hacernos pensar. Porque cuando una persona termina dejando el lugar donde vivió durante décadas porque perdió la tranquilidad, el problema dejó de ser una simple molestia.

Hay que reconocer que desde la Dirección de Tránsito se han tomado medidas. Se instalaron cámaras, se realizaron controles, hubo incautaciones de motos y se aplicaron multas. También se han planteado nuevas herramientas para endurecer las sanciones. Todo eso está bien. Pero también hay que decirlo con claridad: el problema continúa.

Y si continúa desde hace años, evidentemente las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes. El caño de escape de una moto puede parecer un problema menor frente a otros asuntos de seguridad. Pero no lo es. Una moto acelerando durante horas de la madrugada puede afectar el descanso de cientos de familias. Y cuando además aparecen velocidad, maniobras peligrosas, consumo de alcohol o drogas y situaciones de violencia, ya estamos hablando de algo mucho más serio.

Ahora bien, tampoco podemos pretender que todo sea responsabilidad de los inspectores de Tránsito. Los inspectores tienen una función determinada. Controlan vehículos, documentación, circulación e infracciones. No son policías y no podemos pedirles que enfrenten durante la madrugada situaciones de seguridad que exceden claramente sus competencias.

Por eso, en este punto, hay que tirar la pelota para el lado que corresponde: el Ministerio del Interior. Si existen denuncias de drogas, violencia, amenazas, desorden o posibles delitos, corresponde que intervenga la Policía. Tiene las herramientas y la responsabilidad para hacerlo. Esto no significa perseguir jóvenes ni meter a todos en la misma bolsa. Sería profundamente injusto. La enorme mayoría de los jóvenes estudia, trabaja, hace deporte y quiere vivir en paz.

Pero tampoco podemos permitir que un grupo reducido termine apropiándose de los espacios públicos y perjudicando a todo un barrio.  Los vecinos de Dos Naciones no están pidiendo privilegios. Están reclamando poder dormir, que sus hijos puedan utilizar los espacios públicos y que entrar o salir de sus viviendas no implique encontrarse con situaciones que les generen temor.

Tampoco creo que este problema deba convertirse en una discusión partidaria. Ha pasado por distintas administraciones y continúa. Por eso la solución tiene que ser institucional y conjunta. Tránsito debe hacer su trabajo. La Policía debe cumplir con su responsabilidad. La Justicia debe actuar cuando corresponda y también deben existir políticas sociales que permitan trabajar con los jóvenes.

Porque una multa puede retirar una moto de circulación, pero no resuelve el problema de fondo. Una patrulla puede controlar una situación puntual, pero tampoco alcanza si al día siguiente todo vuelve a comenzar. Los vecinos se movilizaron porque están cansados. Hablaron, denunciaron y esperaron. Ahora necesitan respuestas.