El 18 de mayo de 1972 quedó grabado en la memoria del Uruguay como una de esas jornadas que obligan a una nación a mirarse al espejo y preguntarse hasta dónde puede degradarse la convivencia cuando la violencia política pretende sustituir a la razón y a la democracia. Aquella mañana, cuatro jóvenes soldados —Saúl Correa Díaz, Osiris Núñez Silva, Gaudencio Núñez Santiago y Ramón Jesús Ferreira Escobal— fueron asesinados a balazos mientras cumplían una guardia frente a la residencia del entonces comandante del Ejército, Florencio Gravina. Estaban dentro de un jeep, esperando el relevo, compartiendo un mate en el frío de la madrugada, cuando un comando armado abrió fuego y los acribilló sin darles posibilidad alguna de defensa.

No existe causa política, ideológica ni revolucionaria que pueda justificar un crimen semejante. El asesinato deliberado de hombres que cumplían funciones de custodia constituye un acto de cobardía y de desprecio absoluto por la vida humana. La historia uruguaya, tan marcada por heridas todavía abiertas, no puede permitirse relativizar hechos de esta naturaleza ni medir el horror según la identidad de las víctimas o de los victimarios. Cuando la violencia se convierte en método, la sociedad entera pierde.

Aquellos cuatro soldados no eran símbolos abstractos ni piezas de una estrategia militar. Eran hombres jóvenes, muchos provenientes de hogares humildes, con familias, sueños y responsabilidades. Algunos apenas habían comenzado a construir su vida adulta. Sus nombres merecen ser pronunciados con respeto porque detrás de cada uno había una madre, un padre, hermanos, hijos y amigos que debieron cargar para siempre con la ausencia brutal e injusta de quienes nunca regresaron a casa. Recordarlos no significa reivindicar odios ni alimentar divisiones; significa reconocer una verdad elemental: ninguna sociedad democrática puede ser indiferente ante el asesinato político.

Durante demasiados años, ciertos sectores intentaron minimizar este episodio o diluirlo en el contexto convulsionado de la época. Pero el contexto jamás puede transformarse en excusa moral. El Uruguay de comienzos de los años setenta vivía tiempos de polarización extrema, de enfrentamientos y de creciente deterioro institucional. Sin embargo, precisamente en esos momentos es cuando resulta más necesario defender principios básicos. Y el primero de todos es el rechazo inequívoco al terrorismo y a la violencia como herramienta de acción política.

También es cierto que el país sufrió después gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas desde el aparato estatal. La tortura, las desapariciones y los abusos perpetrados durante la dictadura constituyen crímenes inaceptables que deben seguir siendo condenados con la misma firmeza. Pero reconocer esos horrores no obliga a callar otros. La memoria democrática no puede construirse sobre silencios selectivos ni sobre víctimas de primera y de segunda categoría. Un país maduro es aquel que es capaz de condenar toda violencia ilegítima, venga de donde venga.

Por eso, recordar a Saúl Correa, Osiris Núñez, Gaudencio Núñez y Ramón Jesús Ferreira no debería ser motivo de disputa partidaria ni ideológica. Debería ser un acto de humanidad y de conciencia republicana. Porque cuando una sociedad deja de compadecerse de sus muertos según quiénes fueron o quién los mató, comienza a perder su brújula moral.

A más de medio siglo de aquel crimen, el mejor homenaje que Uruguay puede rendirles es sostener una cultura democrática basada en el respeto, la legalidad y la convivencia pacífica. Ninguna transformación social auténtica nace de las ráfagas de ametralladora ni del asesinato de compatriotas indefensos. La democracia se fortalece con instituciones, con debate y con justicia, nunca con terror.

Que el recuerdo de aquellos cuatro soldados asesinados dentro de un jeep, mientras cumplían su deber, sirva entonces como advertencia y como lección. Advertencia sobre el abismo al que conduce el fanatismo. Y lección de memoria para que el país entero comprenda que la violencia política jamás debe volver a encontrar justificación en el Uruguay.