El crecimiento económico es, sin lugar a dudas, la piedra angular de cualquier proyecto de gobierno que aspire a transformar la realidad de su país. No solo es vital para ordenar las cuentas públicas, sino también para atender los desafíos sociales que se acumulan en las orillas del discurso político. La relación entre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la recaudación impositiva es directa: a mayor expansión de la economía, mayor capacidad fiscal. Y es precisamente ese “espacio fiscal” el que puede permitir atender las prioridades esenciales como la seguridad, la asistencia a la infancia y la vejez, y una mejor distribución del ingreso sin poner en jaque las reglas del sistema.

Sin embargo, en Uruguay, el crecimiento ha sido históricamente modesto. A pesar de proyecciones optimistas por parte de distintas administraciones, la realidad ha sido otra. En 2015, el entonces ministro Astori proyectó un crecimiento acumulado del 14,6%, pero la economía solo creció un 5%. En 2020, la ministra Arbeleche estimó un crecimiento del 11,7% y se alcanzó apenas un 6,4%. Ambos buscaron reducir el déficit fiscal al 2,5% del PIB y terminaron superando el 4%. Estos datos no hacen más que evidenciar una brecha entre las expectativas políticas y la realidad económica estructural del país.

Hoy, de cara al 2030, la gran pregunta que se plantean gobernantes y técnicos es: ¿cuánto podemos crecer realmente? Con un promedio anual de apenas 2,8% en la última década —y con perspectivas actuales que rondan apenas entre el 1% y el 2%— las proyecciones no invitan al entusiasmo. A esto se suma un entorno internacional complicado, una región inestable y un sistema interno que no logra despegar.

Uno de los factores estructurales que limitan nuestro crecimiento es la calidad del sistema educativo. A lo largo de los años, varias generaciones han sido víctimas de una formación deficiente, desfasada y poco exigente. La educación parece oscilar entre modelos anclados en el pasado y una excesiva confianza en la tecnología que, mal utilizada, fomenta la comodidad en lugar del pensamiento crítico. En este panorama, no sorprende que muchas tareas básicas se deleguen en herramientas digitales, empobreciendo aún más las capacidades cognitivas de los estudiantes.

Además, Uruguay no es un país atractivo para grandes inversiones. Su mercado interno es limitado, condicionado por un bajo crecimiento demográfico y una escasa capacidad de consumo. Dependemos casi exclusivamente de lo que exportamos, lo que nos hace vulnerables ante las crisis externas e internas. La emigración de jóvenes preparados y la baja capacidad para atraer inmigrantes calificados agravan aún más esta situación.

También enfrentamos un problema cultural vinculado a la productividad. En lugar de buscar eficiencia y resultados, prevalece una cultura de derechos y exigencias muchas veces desproporcionadas a nuestra realidad productiva. A esto se suma el alto costo de vida, un Estado sobredimensionado y una estructura de servicios costosa y muchas veces ineficiente. Con una dependencia energética que nos deja expuestos a los vaivenes internacionales.

En este contexto, la nueva administración del Frente Amplio enfrentará un desafío inédito: será el primer gobierno de izquierda en tener que gobernar sin viento de cola, sin bonanza regional ni margen fiscal amplio. Muchas de sus promesas electorales podrían quedar truncas si no se impulsa una transformación profunda. Reformar el Estado, mejorar la eficiencia del gasto, replantear la matriz productiva y priorizar la calidad educativa son caminos inevitables. Pero avanzar en esa dirección implicaría tensiones internas, ya que muchas de estas medidas van en contra del ideario de “más Estado” que históricamente ha promovido la coalición.

La realidad no espera y la oportunidad de cambiar tampoco es infinita. Uruguay necesita crecer, sí, pero también necesita atreverse a reformarse. Solo así podrá evitar el estancamiento crónico que hace tiempo amenaza con transformarse en norma.