La decisión de Yamandú Orsi de no residir en la casona de Suárez y Reyes durante su eventual mandato ha generado un debate sobre el significado real de la austeridad y sus implicancias económicas. En la historia reciente, hemos visto cómo dos presidentes optaron por distintos estilos de vida: mientras Tabaré Vázquez permaneció en su residencia en el Prado, José Mujica eligió su chacra en Rincón del Cerro, alineado con su imagen de sobriedad y cercanía con la ciudadanía. En esta línea se inscribe Orsi, quien pretende seguir viviendo en su casa en Salinas, un barrio que pasó de ser una zona de veraneo a una densamente poblada.

El discurso de la austeridad es atractivo. La idea de que un presidente permanezca en su hogar, en contacto con su comunidad y sin lujos, resuena con una sociedad que valora la sencillez. Sin embargo, cuando analizamos las consecuencias prácticas y económicas, surgen interrogantes sobre si esta decisión realmente ahorra o, por el contrario, genera un gasto innecesario para el Estado.

Para que un presidente pueda residir en su hogar sin comprometer su seguridad y la de su familia, son necesarias modificaciones en la infraestructura. La casa de Orsi deberá contar con un muro perimetral de tres metros, video vigilancia 24 horas, iluminación especializada y un generador eléctrico. También será imprescindible establecer control riguroso de vehículos, restringir el sobrevuelo de drones y disponer de un equipo médico de emergencia. Estos costos serán asumidos por el Estado, es decir, por todos los uruguayos. En contraste, la residencia de Suárez y Reyes ya cuenta con estas condiciones sin necesidad de gastos adicionales.

El dilema no es si el presidente debe vivir con lujo o sin él, sino si tiene sentido financiero y logístico adaptar una casa particular cuando ya existe una residencia oficial diseñada para este propósito. Si realmente se busca transmitir austeridad, ¿no sería más responsable evitar estos gastos y utilizar los recursos del Estado de manera eficiente?

Es comprensible que un presidente quiera mantenerse fiel a su estilo de vida. Sin embargo, ejercer el poder conlleva responsabilidades que trascienden decisiones personales. La seguridad del mandatario no es un capricho ni una cuestión simbólica, sino una necesidad de Estado. Por ello, el argumento de la austeridad pierde fuerza cuando la consecuencia directa es un gasto adicional evitable.

En tiempos de dificultades económicas y sociales, cada peso del presupuesto debe administrarse con racionalidad. La austeridad no se mide solo en gestos simbólicos, sino en acciones concretas que impactan en las finanzas públicas. Si la intención de Orsi es demostrar cercanía con la ciudadanía, hay muchas otras formas de hacerlo sin incurrir en gastos innecesarios. En este sentido, sería prudente reconsiderar la decisión de rechazar una residencia ya preparada para albergar al presidente en favor de una alternativa que, paradójicamente, termina siendo más costosa para todos.

La coherencia entre discurso y acción es esencial en la política. La verdadera austeridad no se demuestra con decisiones que generan costos ocultos, sino con una gestión eficiente de los recursos públicos. En este caso, lo más lógico sería utilizar lo que ya está disponible en lugar de forzar una adaptación que, lejos de ahorrar, encarece la administración pública. La austeridad no debe ser solo un relato, sino un compromiso real con el uso eficiente de los fondos públicos.