Hay una curiosa manera de entender la participación popular en estos tiempos. Se habla de escuchar al pueblo, de construir con la sociedad, de incorporar las voces de los territorios y de respetar las preocupaciones de las comunidades. Todo muy democrático, muy participativo y muy políticamente correcto.

Hasta que aparece Casupá. Porque cuando los pobladores, productores rurales, organizaciones y legisladores plantean objeciones a una obra que pretende inundar una extensa superficie de territorio productivo, desplazar familias y modificar para siempre una zona rural, aquel discurso de escuchar al pueblo parece evaporarse. Casupá ya está decidido. Esa es, al menos, la sensación que transmite la conducta del gobierno. Hay expropiaciones, hay licitación internacional y hay cuatro consorcios precalificados. Lo único que todavía falta es aquello que, según la legislación, debería ser determinante antes de avanzar: la Autorización Ambiental Previa.

Pero parece que el orden de los factores ya no importa. Primero se decide la obra, después se avanza con ella y, finalmente, se espera que el procedimiento ambiental confirme lo que políticamente ya está resuelto. 

El problema es que las autorizaciones ambientales no fueron creadas para decorar expedientes ni en una estampilla que se coloca cuando la decisión política ya está tomada. Existen justamente para determinar si una obra es viable, qué daños provocará, qué territorio afectará y si existen alternativas menos perjudiciales.

En Casupá, la autorización ambiental tiene un papel modesto: llegar después de que todos ya decidieron qué quieren hacer. Y mientras tanto, ¿qué pasa con quienes viven allí? Hay productores que trabajan esas tierras. Familias que construyeron su vida alrededor de ellas. Personas que conocen ese territorio, producen y sostienen una actividad rural que Uruguay debería estar protegiendo y  conservando. Porque el país necesita gente en el campo. Necesita trabajadores rurales, familias arraigadas y actividad económica en el interior.

Pero cuando se trata de Casupá parece que ese principio también puede quedar en suspenso. Si para abastecer de agua a la región metropolitana hay que desplazar a quienes producen en el territorio elegido, aparentemente será un costo menor. Y aquí aparece una contradicción que resulta difícil de explicar. Los mismos sectores políticos que durante décadas han reclamado que al pueblo hay que escucharlo, que las comunidades deben participar y que las decisiones no pueden tomarse desde Montevideo ignorando las realidades locales, ahora parecen haber encontrado una excepción perfecta: cuando el pueblo cuestiona lo que el gobierno considera estratégico, la participación deja de ser una virtud y se convierte en una molestia.

También sería bueno recordar que la crisis del agua de 2023 dejó una enseñanza que no debería olvidarse tan rápidamente: la región metropolitana necesita asegurar su abastecimiento, pero eso no significa que Casupá sea necesariamente la única respuesta ni que no puedan analizarse otras alternativas. ¿Por qué no estudiar seriamente otras posibilidades, incluso la utilización del Río de la Plata, como ya ocurre en otras zonas del país?

La soberbia consiste precisamente en eso: creer que porque se dispone del poder político también se dispone de la verdad.

El Ministerio de Ambiente debería ser justamente el lugar donde esa soberbia no debería tener lugar. Su función no es torpedear las normas ambientales. Es hacerlas cumplir, incluso cuando cumplirlas resulta incómodo para el gobierno de turno.

Porque si un particular comienza una obra de esta magnitud sin autorización ambiental, el Estado tiene herramientas para detenerlo y sancionarlo. ¿Por qué el Estado habría de considerarse a sí mismo exonerado de las reglas que impone a los demás?

Se está pidiendo algo bastante más sencillo: que sean escuchados, que sus argumentos sean considerados, que se estudien alternativas y que la ley sea respetada. Nada más. Y si eso resulta demasiado pedir, entonces quizá el problema no esté en Casupá. Sino en una concepción del poder según la cual escuchar al pueblo es una virtud solamente mientras el pueblo diga lo que quienes gobiernan quieren escuchar. Casupá no puede convertirse en el monumento a esa contradicción.Porque una cosa es gobernar. Otra, muy diferente, es creerse dueño del país.