La decisión de abandonar el Proyecto Arazatí para imponer el de Casupá constituye un grave error de política pública, tanto desde el punto de vista técnico como ambiental y económico. No se trata de una simple diferencia de criterios: estamos ante una elección que ignora la evidencia, desprecia experiencias exitosas y termina trasladando sus costos al bolsillo de los ciudadanos.

El primer problema es el prejuicio. Se descartó la toma de agua del Río de la Plata bajo argumentos ideológicos y temores infundados, desechando una fuente prácticamente inagotable. No se tuvo en cuenta la experiencia concreta y exitosa de Colonia, que desde hace años se abastece del citado río sin mayores sobresaltos. Negarse a mirar esa realidad es cerrar los ojos a soluciones modernas, probadas y acordes a los desafíos del siglo XXI.

El segundo error es insistir en la cuenca del Santa Lucía como si fuera una garantía. No lo es. Si no está agotada, es claramente vulnerable. Así lo demostró la última gran sequía y lo vuelve a confirmar el presente verano, con un déficit hídrico que golpea especialmente al sur del país y, por lo tanto, al área metropolitana. Apostar nuevamente a esta cuenca es persistir en una dependencia frágil, en un contexto de cambio climático que multiplica las sequías prolongadas y reduce la previsibilidad.

Cuando la realidad de los costos se impone, aparece la tercera consecuencia: el tarifazo. La solución elegida no es revisar el rumbo, sino aumentar las tarifas de OSE y obligar a los ciudadanos a financiar una obra de dudosa eficacia para resolver el problema que dice enfrentar. El incremento del 8,5% no es inevitable ni técnico: es político. Es el precio de una decisión equivocada que se descarga, una vez más, sobre quienes trabajan y pagan.

Pero Casupá no solo es cara. Es, además, ambientalmente devastadora. La represa inundará unas 3.600 hectáreas, frente a las apenas 240 que implicaba Arazatí, y arrasará con alrededor de 450 hectáreas de monte nativo. Esa riqueza natural, propia del campo uruguayo, parece no importar. Resulta llamativo que el ministro de Ambiente Edgardo Ortuño, tan crítico del proyecto Arazatí, guarde silencio ante un impacto ecológico muy superior. La coherencia ambiental brilla por su ausencia.

A esto se suma el impacto humano. Más de 100 familias de pequeños productores serán desplazadas, condenadas a un futuro incierto, mientras el Instituto Nacional de Colonización mira para otro lado. No hay discurso de desarrollo sostenible que pueda justificar el desarraigo y la pérdida de medios de vida de quienes producen y cuidan el territorio.

Sobre todo este panorama se impone un silencio que aturde. El sindicato de OSE y los colectivos ambientalistas, que ayer se movilizaban con vehemencia por riesgos menores, hoy callan frente al tarifazo y el daño ambiental de Casupá. Ese silencio revela una verdad incómoda: la preocupación no era el agua ni el ambiente, sino el color político de quien firmaba los planos.

Uruguay no puede seguir siendo rehén de decisiones que ignoran la técnica, castigan el trabajo y deterioran el ambiente. Este, es el modelo del “yo gasto, tú pagas”, con fotos de créditos millonarios y ciudadanos angustiados frente al recibo del agua.

Casupá apunta a un desastre hídrico, humano y financiero. La gran pregunta es: ¿a quién beneficia realmente? Porque a la gente del área metropolitana, sin duda, no ni tampoco al resto del país.