Una modificación técnica, casi imperceptible para el ciudadano común, puede esconder un impacto profundo en la vida cotidiana de miles de uruguayos. Eso es lo que, según interpreta y coincidimos, denuncia el senador Pedro Bordaberry. Está ocurriendo con el cambio dispuesto por el gobierno en el cálculo de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC), una variable clave para determinar las franjas y mínimos no imponibles del IRPF y el IASS. Detrás del lenguaje técnico, se esconde un nuevo ajuste fiscal que recaerá, una vez más, sobre quienes trabajan, se esfuerzan y buscan progresar.

El cambio consiste en abandonar el Índice Medio de Salarios (IMS) como referencia para la actualización de la BPC y volver a utilizar el Índice de Precios al Consumo (IPC). No se trata de un detalle menor: la BPC es la unidad que define desde cuándo se empieza a pagar impuestos y cuánto se paga a medida que los ingresos aumentan. En un contexto donde los salarios han crecido más rápido que la inflación, este giro implica que las franjas del IRPF y del IASS evolucionen más lentamente que los ingresos reales, empujando a más contribuyentes a tributar más, aun sin haber mejorado sustancialmente su poder adquisitivo.

El resultado es claro: el Estado recaudará alrededor de 100 millones de dólares adicionales, sin subir formalmente las tasas impositivas. Es una recaudación silenciosa, que no pasa por el Parlamento ni se presenta explícitamente como aumento de impuestos, pero que tiene efectos concretos en el bolsillo de trabajadores y jubilados. A esto se suman los recientes cambios en la devolución de aportes al Fonasa, que refuerzan la percepción de que el ajuste tiene un destinatario definido.

El argumento de la progresividad fiscal —que pague más quien tiene más— vuelve a estar en el centro del debate. Sin embargo, como se puede llegar a advertir y denuncia el senador, la combinación de un mínimo no imponible bajo y un crecimiento empinado de las tasas marginales termina castigando situaciones que poco tienen que ver con la riqueza. Quien toma un segundo empleo, quien hace horas extra o quien prolonga su vida laboral para sostener ingresos familiares puede terminar perdiendo capacidad de ahorro y de consumo, sin haber alcanzado un verdadero umbral de bienestar.

Lo paradójico es que el criterio ahora cuestionado fue el mismo que el Frente Amplio utilizó durante sus anteriores períodos de gobierno, y que fue modificado en 2021 precisamente para evitar estos efectos. La diferencia, hoy, está en el contexto: una brecha creciente entre salarios e inflación y un Presupuesto que, según Bordaberry, fue elaborado sobre estimaciones erradas. El ajuste, entonces, aparece como una corrección tardía, trasladada directamente a los contribuyentes.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas no ha habido, hasta el momento, información oficial sobre el impacto recaudatorio de esta decisión. Ese silencio no ayuda. En materia tributaria, la transparencia es tan importante como la equidad. Los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto se recauda, cómo y a costa de quién.

La discusión de fondo no es solo técnica ni ideológica. Es política y ética. ¿Cómo se corrigen los errores de planificación fiscal? ¿Quién paga el costo de los desvíos presupuestales? Si la respuesta vuelve a ser el trabajador formal y el jubilado, el mensaje es claro y preocupante: en tiempos de dificultad, el ajuste baja siempre por el mismo lado. Y eso erosiona no solo el ingreso, sino también la confianza.