La reciente adquisición del Instituto Nacional de Colonización (INC) de 4.404 hectáreas en el departamento de Florida, por un monto de 32,5 millones de dólares, ha encendido una fuerte polémica política, administrativa y jurídica. Las cuatro observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas no son meros tecnicismos: revelan una preocupante sucesión de irregularidades y cuestionamientos éticos que comprometen la transparencia y la legalidad del accionar institucional.