La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generacion, no es el cierre de un capítulo en la historia criminal de México. Es, sobre todo, la apertura de una nueva fase de incertidumbre y violencia. Cuando cae un jefe narco de esa magnitud, no llega la paz: llega la disputa. Las facciones internas se reorganizan, los enemigos avanzan y el Estado queda atrapado en una espiral donde cada operativo es respondido con fuego, bloqueos, quema de vehículos y terror sobre la población civil.

México conoce demasiado bien esa lógica. La fragmentación de los carteles, lejos de debilitarlos, muchas veces los multiplica. La violencia se atomiza y se vuelve más impredecible. En ese contexto, la muerte de un capo no significa el fin de un imperio, sino su transformación. El crimen organizado no desaparece: muta, se adapta y penetra nuevas capas del tejido social y económico.

Si bien, Uruguay no es México. No tiene su escala demográfica ni su historia de carteles hegemónicos. Sí comparte señales de alarma que ya no pueden minimizarse. Las guerras por territorio entre bandas, los ajustes de cuentas a plena luz del día, el uso creciente de armas de alto poder y la participación de adolescentes como soldados del narco son síntomas de una enfermedad que avanza.

Durante años nos refugiamos en la idea de que éramos una excepción regional. Que aquí el Estado era fuerte, que nuestras instituciones resistían. Sin embargo, los datos de homicidios vinculados al narcotráfico, la consolidación de rutas de exportación de cocaína hacia Europa desde nuestros puertos y la aparición de estructuras criminales con proyección continental desmienten esa autopercepción tranquilizadora.

Hay otro elemento incómodo que debe ser puesto sobre la mesa. El llamado “experimento” de regulación de la marihuana, alentada por José “Pepe” Mujica, fue presentado como una herramienta para quitarle mercado al narcotráfico. La realidad muestra que, lejos de desaparecer, las organizaciones criminales diversificaron su negocio hacia drogas más rentables y dañinas. El crecimiento del consumo de cocaína y de sustancias sintéticas en el país es una señal inequívoca. Donde hay demanda sostenida, hay oferta organizada. Y donde hay rentabilidad extraordinaria, hay violencia para defenderla.

No se trata de atribuirle a una sola política pública el avance del narco, pero sí de reconocer que el fenómeno fue subestimado. Se creyó que con regulación parcial se desarticularía una economía ilegal global. Ocurrió lo contrario: Uruguay pasó a ser también plataforma logística. Hoy no solo consumimos; también somos punto de tránsito y exportación. Y cuando un país entra en esa cadena, el salto cualitativo en violencia, como estamos viviendo, es inevitable.

Lo más preocupante es el plano cultural. En determinados barrios, para muchos jóvenes sin horizonte laboral ni educativo, el narco dejó de ser una amenaza y pasó a ser un modelo de ascenso rápido. Dinero, poder, reconocimiento. Esa narrativa es el terreno fértil donde germinan los futuros sicarios.

México demuestra hasta dónde puede escalar esa dinámica cuando el Estado pierde control territorial y legitimidad social. Pensar que estamos inmunizados es una forma de negación peligrosa. Uruguay aún está a tiempo de evitar ese destino, pero la ventana ya es estrecha. Requiere coordinación real entre Poder Ejecutivo, los partidos políticos , Fiscalía y sistema penitenciario; control efectivo de puertos y fronteras; inteligencia financiera para golpear las estructuras económicas; y una política social que compita con el narco en los barrios más vulnerables.

No es alarmismo. Es realismo y advertencia. Los países no caen de un día para otro en la lógica de los carteles. Caen por acumulación de omisiones. México es hoy el ejemplo dramático de lo que ocurre cuando el crimen organizado se convierte en actor estructural. Mirar hacia otro lado sería, en nuestro caso, una irresponsabilidad histórica.