La desilusión de las nuevas generaciones con la democracia y la clase política dejó de ser una percepción anecdótica para convertirse en un fenómeno medible, transversal y, sobre todo, preocupante. Estudios de organizaciones y universidades de distintos países coinciden en un diagnóstico que debería encender todas las alarmas: una porción creciente de jóvenes relativiza el valor de la democracia e, incluso, muestra disposición a aceptar salidas autoritarias si estas prometen respuestas concretas a problemas cotidianos no resueltos.

En Uruguay, la Fundación Friedrich Ebert Stiftung advirtió que los jóvenes de entre 16 y 35 años presentan menor adhesión al sistema democrático y mayor tolerancia a alternativas autoritarias, con una desconfianza focalizada en la política tradicional. No se trata de una anomalía local. El Barómetro Mundial de la Open Society Foundation reveló que, en 2023, el 42% de los jóvenes uruguayos consideró a las dictaduras militares como una buena forma de gobierno y que el 35% estaría dispuesto a apoyarlas. En España, Estados Unidos, Alemania y buena parte de Europa occidental, los porcentajes que relativizan la democracia o prefieren gobiernos fuertes crecen de manera sostenida, con correlato electoral en el ascenso de fuerzas extremas.

La clave del fenómeno no parece ser ideológica, sino profundamente pragmática. Estas generaciones observan que, pese al paso de los gobiernos y de los años, los problemas estructurales se repiten: empleo precario, informalidad laboral, inseguridad, dificultades para acceder a la vivienda, estancamiento económico y falta de expectativas de progreso. En Uruguay, con una población relativamente estable desde hace décadas, el contraste entre promesas reiteradas y resultados escasos se vuelve aún más evidente.

A diferencia de generaciones anteriores, los jóvenes actuales no comparan la democracia con el autoritarismo vivido en el pasado. Simplemente no lo vivieron. Nacieron y crecieron en regímenes democráticos, por lo que juzgan al sistema no por su valor histórico, sino por su capacidad de ofrecer soluciones. Para muchos, votar no ha cambiado su entorno ni su horizonte de vida. De allí el desapego: uno de cada cuatro jóvenes declara no tener ningún interés en la política, y apenas una quinta parte se considera realmente interesada.

La insistencia discursiva en conquistas de otros tiempos, en luchas que no protagonizaron ni padecieron, pierde eficacia frente a una realidad que exige respuestas concretas aquí y ahora. Los derechos humanos y las libertades siguen siendo valores centrales, pero no alcanzan cuando amplios sectores sienten que el esfuerzo personal ya no garantiza movilidad social ni estabilidad. Cuando el mérito parece desligado del resultado, la frustración se traduce en enojo, apatía o búsqueda de atajos.

Ese clima también se expresa en las redes sociales, donde el reclamo de “orden” frente a la inseguridad o el narcotráfico se mezcla con discursos intolerantes y soluciones simplistas. No es nostalgia por el autoritarismo, sino hartazgo frente a la ineficacia percibida. Como advirtió Latinobarómetro, la corrupción y el descrédito de las élites han erosionado la confianza institucional en América Latina. Y como sintetizó Nayib Bukele —con apoyo mayoritariamente joven—, “el dinero alcanza cuando nadie roba”.

¿La clase política uruguaya, y la democrática en general, ha acusado recibo de este mensaje? Porque el mayor riesgo no es el autoritarismo en sí, sino una democracia que, al no dar resultados, deja de ser creíble para quienes deberían sostenerla en el futuro.