Existe desde hace tiempo una sensación de desconexión entre buena parte de la ciudadanía y la clase dirigente. A esa distancia se agregan preocupaciones concretas: la inseguridad, el avance del narcotráfico y del crimen organizado, la insatisfacción con la administración de los recursos públicos y la percepción de que las respuestas institucionales muchas veces llegan tarde, son insuficientes o no alcanzan para resolver problemas que se acumulan.

Cuando una parte importante de la sociedad comienza a sentir que el Estado pierde capacidad para protegerla, no solamente se deteriora la confianza en un gobierno determinado. También se resiente la confianza en las herramientas tradicionales con las que el sistema político pretende enfrentar los problemas.

El ciudadano reclama menos burocracia, pero quiere un Estado presente. Reclama bajar impuestos, pero exige servicios públicos de calidad. Cuestiona el gasto estatal, pero espera que el Estado aparezca cuando sobreviene una crisis. Desconfía del político y del funcionario, pero reclama que sean precisamente ellos quienes solucionen los problemas.

Esta particular relación, tiene raíces profundas en la historia del país y, especialmente, en la construcción del Estado de bienestar que acompañó al Uruguay durante generaciones. Aquella concepción del Estado como una suerte de “escudo de los débiles” terminó incorporándose a la cultura nacional más allá de gobiernos, partidos e ideologías.

Por eso, cuando llegan las dificultades, la reacción social no suele ser reclamar simplemente que cada individuo resuelva sus problemas por sus propios medios. Se pide mayor presencia estatal, más controles, más regulación, subsidios, asistencia y protección.

El Estado es cuestionado, pero continúa siendo visto como el último garante de la estabilidad. El problema aparece cuando esa expectativa choca con los límites de los recursos disponibles.

Porque el Estado no es una entidad abstracta. Se financia con los impuestos que pagan trabajadores, empresas y consumidores. Y Uruguay tiene una presión fiscal que pesa sobre la actividad económica y sobre los ingresos de las personas.

Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cuánto Estado estamos dispuestos a financiar y, sobre todo, qué Estado queremos financiar? No alcanza con discutir si debe haber más o menos Estado. El debate verdaderamente importante debería ser qué debe hacer el Estado, qué servicios tiene que garantizar, cuánto cuesta hacerlo y con qué eficiencia administra los recursos que recibe de la sociedad.

Porque el ciudadano tiene derecho a exigir seguridad, educación, salud, infraestructura y protección social. Pero también tiene derecho a saber cuánto paga por ellas, cómo se utilizan esos recursos y qué resultados obtiene.

La discusión no debería reducirse a una guerra entre “Estado” y “mercado”. Uruguay necesita algo bastante más elemental: un Estado que justifique cada peso que administra y una sociedad que también asuma que las prestaciones públicas tienen un costo.

La gran contradicción nacional es que queremos un Estado protector, pero no necesariamente aceptamos el precio de sostenerlo. Queremos que esté presente, pero reclamamos que no sea omnipresente. Queremos servicios, pero rechazamos la presión fiscal. Queremos respuestas rápidas, pero toleramos estructuras que muchas veces funcionan con una lentitud incompatible con las necesidades de la sociedad.

Tal vez haya llegado el momento de discutir esa paradoja sin consignas. Porque un Estado que está en todas partes, pero no siempre resuelve lo que se espera de él, termina perdiendo legitimidad. Y una sociedad que reclama permanentemente su intervención sin preguntarse cuánto cuesta y cómo funciona, también tiene una parte de responsabilidad en esa realidad. El desafío no es elegir entre un Estado omnipotente y un Estado ausente.

El verdadero desafío es construir un Estado que sea presente donde debe estar, eficiente donde interviene y responsable con el dinero de quienes lo sostienen. Ese debate, tarde o temprano, Uruguay tendrá que afrontarlo.