Hay cifras que desnudan políticas. Y hay políticas que, cuando se las despoja del relato, revelan una lógica tan vieja como injusta: financiar el desborde del gasto público metiendo la mano, una vez más, en el bolsillo de los ciudadanos.  Así lo deja muy claro, el recien divulgado informe del Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP) que es contundente y, a la vez, incómodo para el gobierno: entre marzo y diciembre de pasado año 2025, los uruguayos pagaron alrededor de 88 millones de dólares de más por la nafta Súper 95 y el gasoil. No por ineficiencia de Ancap, no por un shock internacional de costos, sino por una decisión deliberada de política fiscal.

Dicho sin eufemismos: los combustibles fueron utilizados como una caja recaudatoria encubierta. Un impuesto disfrazado de “factor de estabilización”, aplicado en un contexto donde la sociedad ya se encuentra asfixiada por una presión fiscal creciente, tarifas elevadas y un costo de vida que no da tregua.

El informe del CEPP no deja margen para la duda: el sobreprecio no respondió a mayores costos de producción o importación, sino a la necesidad del gobierno de tapar agujeros en sus cuentas.

La modificación del esquema de fijación de precios, vigente desde marzo de 2025, marca un quiebre claro. Se abandonó el ajuste mensual basado en el Precio de Paridad de Importación (PPI), un mecanismo imperfecto pero transparente, para pasar a un sistema bimestral con topes y un factor adicional que encareció cada litro en alrededor de un peso y medio. Aunque la Ursea continuó publicando el PPI, este dejó de ser una referencia real. Fue reducido a un dato decorativo, sin incidencia efectiva sobre lo que paga el consumidor en el surtidor.

El contraste con el período anterior es tan elocuente como incómodo. Entre 2021 y febrero de 2025, bajo el esquema aprobado en la Ley de Urgente Consideración, norma que el actual gobierno quiere derogar,  durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, los uruguayos habrían ahorrado unos 450 millones de dólares en combustibles, mientras Ancap mantuvo números positivos. 

Es decir, que se demostró que era posible aliviar a los consumidores sin llevar a la empresa estatal al déficit. Pero ese equilibrio fue desechado.

¿Por qué? La respuesta parece evidente: porque el gasto público volvió a crecer sin el debido control, y alguien tenía que pagar la cuenta. Como casi siempre pasa, pagó la ciudadanía. El combustible no solo mueve autos y camiones; mueve toda la economía. Encarecerlo artificialmente impacta en el transporte, en los alimentos, en los servicios y, finalmente, en el bolsillo de cada hogar. Es un impuesto regresivo que golpea más fuerte a quienes menos margen tienen.

A esto se suma una estructura de impuestos y subsidios cruzados que el propio informe cuestiona, en particular el peso que se carga sobre naftas y gasoil para sostener el supergás. Una vez más, se opta por parches en lugar de reformas de fondo, trasladando costos de un sector a otro sin transparencia ni debate serio.

Las consecuencias no terminan allí. Las crecientes brechas de precios con Argentina y Brasil afectan la competitividad y castigan especialmente a las zonas de frontera, donde el comercio formal ve cómo se profundiza la pérdida de actividad frente a precios claramente más bajos del otro lado del río o la línea seca.

Este no es solo un debate técnico sobre metodologías de ajuste. Es una discusión política y ética. ¿Es legítimo que un gobierno financie su voracidad fiscal encareciendo bienes esenciales, sin decirlo claramente, sin asumir el costo político de crear o subir impuestos? ¿Es aceptable seguir cargando sobre una sociedad ya exhausta el peso de un Estado que no logra —o no quiere— ordenar sus cuentas?

El informe del CEPP pone números a una sensación que muchos uruguayos ya tenían: el ajuste está en marcha, pero no en el gasto. Está en el surtidor. Y, como tantas veces, lo paga la gente.