El año 2025 concluye dejando al Frente Amplio ante un balance notoriamente negativo, pero si hubiera que condensar ese fracaso en una sola idea, sería la ruptura de una promesa central de campaña: no crear ni aumentar impuestos. Esa fue una afirmación repetida, enfática y constante del hoy presidente Yamandú Orsi durante todo el proceso electoral.  No fue un matiz, ni una frase al pasar: fue uno de los pilares de su mensaje político y un compromiso explícito con la ciudadanía. A menos de un año de iniciado el mandato, ese compromiso está incumplido, y con él se resiente la credibilidad de toda la gestión.

El desgaste del gobierno resulta prematuro y llamativo. Las encuestas reflejan un deterioro acelerado de la confianza pública, impropio de una administración que recién comienza. Las expectativas que había generado el retorno del Frente Amplio se evaporaron con rapidez, no solo entre sus críticos habituales, sino también entre votantes que creyeron en un estilo distinto, más previsible y responsable. A este panorama nacional se suma una Intendencia de Montevideo que, lejos de renovar prácticas, vuelve a exhibir los mismos problemas estructurales de siempre.

El propio presidente ha reconocido errores en reiteradas oportunidades. Pero cuando las admisiones se vuelven frecuentes y tempranas, dejan de ser un gesto de honestidad intelectual para transformarse en la evidencia de una gestión sin rumbo definido. El problema no es equivocarse, sino hacerlo de manera sistemática, improvisando y corrigiendo sobre la marcha. El gobierno transmite la sensación de reaccionar a los hechos en lugar de anticiparlos, de administrar urgencias en vez de ejecutar un plan.

El área económica es donde la contradicción entre el discurso y la realidad se vuelve más evidente y más grave. Durante la campaña, Orsi prometió una y otra vez que no habría nuevos impuestos ni aumentos de los existentes. Sin embargo, a los pocos meses de asumir, el gobierno legisló incrementos en la carga tributaria que recaen directamente sobre empresas y trabajadores. Allí donde se prometió alivio fiscal y previsibilidad, se aplicó más presión. Allí donde se habló de gastar mejor, se optó por recaudar más. No se trata solo de una decisión económica discutible, sino de un quiebre de la palabra empeñada.

En la misma línea se inscribe la modificación del régimen de devolución de aportes al Fonasa. Presentado como un simple “ajuste técnico”, el cambio redujo en los hechos lo que miles de contribuyentes reciben tras haber aportado de más. Es, sin eufemismos, un aumento de impuestos encubierto, motivado por la necesidad de cerrar agujeros fiscales que el propio gobierno ha contribuido a agrandar. Más preocupante aún es que, luego de anunciar que el ajuste fiscal de este año sería el único, ahora se anticipa una segunda etapa que volverá a golpear el bolsillo de decenas de miles de uruguayos. El mensaje es inequívoco: cuando faltan recursos, se vuelve a cargar sobre el contribuyente.

No se trata de errores aislados ni de una coyuntura adversa, sino de un patrón persistente. Sin viento de cola ni bonanza externa, la izquierda vuelve a mostrar sus límites. El año termina, y la comprobación de lo mal que actuado este gobierno, en líneas generales, es lamentablemente a la vista de todos.