El negocio del portland en la órbita de Ancap vuelve a instalar una discusión incómoda pero imprescindible: ¿hasta qué punto es justificable sostener una actividad estructuralmente deficitaria en nombre de su valor estratégico? Con pérdidas anuales que rondan los 25 millones de dólares, la producción estatal de cemento se ha transformado en un problema persistente que, lejos de resolverse, parece cronificarse bajo distintos gobiernos.

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Desde el sindicato de Fancap se insiste en que el portland cumple un rol clave para el país, tanto en el abastecimiento de la industria de la construcción como en el desarrollo de la infraestructura vial. No es un argumento menor. En cualquier economía, la disponibilidad de insumos básicos a precios razonables es un factor relevante para el crecimiento. Sin embargo, la discusión no puede agotarse en esa dimensión teórica sin atender la realidad concreta de la gestión y los números.

Hoy, Ancap opera dos plantas —en Minas y Paysandú— que han quedado tecnológicamente rezagadas. Su nivel de eficiencia dista considerablemente del que exhiben empresas privadas que compiten en el mercado nacional. Mientras estas logran producir a menores costos y con mejores márgenes, la empresa estatal acumula pérdidas que, en definitiva, terminan siendo absorbidas por toda la sociedad. En otras palabras, el argumento estratégico pierde fuerza cuando el costo de sostenerlo resulta desproporcionado.

La obsolescencia de las instalaciones no es un dato menor. Requiere inversiones significativas para su actualización, inversiones que hasta ahora no han sido ejecutadas con la contundencia ni la planificación necesarias. Así, el negocio queda atrapado en un círculo vicioso: plantas ineficientes generan pérdidas, las pérdidas dificultan invertir, y la falta de inversión perpetúa la ineficiencia.

A este panorama se suma un factor social que tampoco puede ser ignorado. Las plantas de Minas y Paysandú representan fuentes de empleo relevantes para sus respectivas comunidades. El cierre o la reducción drástica de la actividad tendría un impacto directo en el tejido laboral de esos departamentos, lo que explica en parte la resistencia a cualquier cambio profundo. Pero apelar exclusivamente al argumento del empleo sin considerar la sustentabilidad económica es, en el mejor de los casos, una solución de corto plazo.

La cuestión de fondo es si el Estado debe seguir operando directamente en un mercado donde los privados han demostrado ser más eficientes, o si corresponde explorar alternativas. Entre ellas, podrían considerarse asociaciones público-privadas, la reconversión productiva o incluso una retirada progresiva del negocio, asegurando mecanismos de transición para los trabajadores afectados. Lo que no parece razonable es continuar en la inercia actual, acumulando pérdidas año tras año sin una estrategia clara de salida o transformación.

El desafío, entonces, es político y técnico a la vez. Requiere asumir costos, tanto en términos de decisiones como de relato. Sostener el portland como símbolo de soberanía productiva puede resultar atractivo desde el discurso, pero pierde legitimidad cuando se convierte en un agujero financiero permanente.

Uruguay necesita discutir con honestidad el rol de sus empresas públicas. Defenderlas no debería implicar ignorar sus ineficiencias, sino corregirlas o redefinirlas cuando sea necesario. En el caso del portland de Ancap, la evidencia es contundente: el modelo actual no es sostenible. Persistir en él, sin cambios de fondo, no es una defensa del interés nacional, sino una postergación de decisiones que, más temprano que tarde, serán inevitables.