La advertencia del Economista Agustín Iturralde debería ser tomada como algo más que una frase provocadora: “Hay un modelo que se está agotando”. El problema no es solamente que Uruguay crezca poco. El problema es que el país parece haber alcanzado los límites de una forma de organizar su economía que ya no consigue generar suficiente inversión, productividad y oportunidades.

Uruguay conserva fortalezas enormes. Pero esas ventajas, ya no alcanzan. Las proyecciones recientes muestran un crecimiento moderado, y organismos internacionales señalan que elevar la inversión y la productividad es el principal desafío.

La primera reforma, entonces, debe ser la reforma de los costos. Uruguay es un país caro. Y no puede pretender competir en el mundo si producir, contratar, transportar, financiarse y cumplir con las regulaciones cuesta sistemáticamente más que en otros países. Hay que revisar impuestos, tarifas, costos logísticos y cargas que recaen sobre el empleo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Eso no significa bajar salarios ni desmontar la protección social. Significa cambiar la pregunta: ¿cómo hacemos para que una empresa pueda pagar mejores salarios porque produce más y no porque aumenta artificialmente sus precios?

La segunda reforma es laboral. El mundo del trabajo está cambiando a una velocidad que las normas uruguayas no siempre acompañan. Se necesitan mecanismos que permitan incorporar nuevas formas de empleo, capacitar trabajadores, facilitar la contratación y reducir la informalidad, sin renunciar a derechos básicos. La negociación colectiva debe seguir existiendo, pero también debería incorporar con mayor fuerza productividad, capacitación, tecnología y realidad sectorial.

La tercera es educativa. Ninguna estrategia de crecimiento será sostenible si Uruguay no mejora radicalmente la formación de su capital humano. El país necesita una educación secundaria que retenga a los jóvenes, formación técnica vinculada a la demanda laboral y una expansión mucho mayor de las carreras científicas, tecnológicas y de ingeniería. No se trata solamente de gastar más: se trata de obtener mejores resultados con cada peso invertido.

La cuarta reforma debe alcanzar al Estado. El proyecto de competitividad presentado por el gobierno reconoce justamente que la burocracia y los costos de gestión son parte central del problema. Propone declaraciones juradas, plazos máximos, silencio positivo y digitalización de trámites. Pero el desafío es mayor: cada regulación debería demostrar qué problema resuelve y cuánto cuesta. El Estado no puede pedirle productividad al sector privado mientras mantiene procesos lentos, duplicados y costosos.

La quinta reforma es tributaria. Uruguay necesita un sistema que premie la inversión, la innovación y el crecimiento empresarial, en lugar de castigar al que intenta expandirse. Hay que revisar exoneraciones, simplificar regímenes para pequeñas empresas y orientar los incentivos hacia productividad, exportaciones, empleo y tecnología.

Y hay una sexta reforma impostergable: abrir más la economía. Un mercado interno de tres millones y medio de habitantes nunca será suficiente para sostener grandes tasas de crecimiento. Uruguay necesita vender más al mundo, negociar mejores condiciones comerciales y reducir los costos de importar insumos y tecnología.

Nada de esto implica abandonar el Estado de bienestar. Al contrario: sin crecimiento, el Estado de bienestar se vuelve financieramente frágil. La protección social necesita una economía dinámica que la financie.

El punto de fondo es sencillo. Uruguay ya no puede conformarse con administrar correctamente una economía que crece poco. Necesita modificar las condiciones que determinan cuánto invierte, cuánto produce y cuánto puede pagar.

La discusión, por tanto, no debería ser si el modelo está agotado. Debería ser qué estamos dispuestos a reformar antes de que el agotamiento se transforme en estancamiento.

Porque reformar cuando todavía hay estabilidad es una decisión política.Reformar cuando ya no queda margen es una emergencia.