Hay reclamos que, por venir de quien vienen, producen más perplejidad que solidaridad. Y el “pedido de respeto” formulado por el fiscal de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, después de que la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, hablara de la cantidad de causas de su dependencia y anunciara que se le agregarían competencias, es uno de esos casos. ¿Respeto? Por supuesto. Siempre. Pero conviene no confundir respeto con intangibilidad, ni independencia con una especie de patente para no ser observado.

Ferrero concurrió al Senado y habló de la realidad de una dependencia de la Fiscalía. Perciballe entendió que los números no eran correctos y salió a aclarar que no tiene 20 causas, sino 25 bajo el nuevo Código del Proceso Penal y unas 120 correspondientes al anterior. Perfecto. Si las cifras estaban equivocadas, correspondía corregirlas.

Pero de allí a convertir una observación administrativa en una cuestión de respeto hay un trecho bastante largo.

Más aún cuando la observación proviene de la propia fiscal de Corte, es decir, de quien tiene la responsabilidad de conducir el organismo, distribuir competencias y procurar que la maquinaria fiscal funcione. Si a un fiscal se le asignan más asuntos, podrá discutir si tiene recursos suficientes, podrá advertir que la carga de trabajo es excesiva y podrá reclamar funcionarios, medios y tiempo. Todo eso forma parte de la discusión institucional.

Lo que resulta difícil de entender es la sensibilidad selectiva ante la posibilidad de tener que trabajar más.

Porque aquí aparece la pregunta que nadie debería esquivar: ¿qué se supone que debe hacer un fiscal cuando recibe más expedientes? ¿Quejarse porque aumentó su tarea? ¿O analizar si puede asumirla, reclamar los recursos necesarios y ponerse a trabajar?

También llamó la atención la afirmación de Perciballe de que “no hay diálogo” con Ferrero, aunque aclaró que no se llevan mal. Si no hay diálogo, habrá que recuperarlo. Pero el diálogo entre un jerarca y un subordinado no significa que cada decisión deba ser previamente autorizada por quien será afectado. Una cosa es consultar; otra muy distinta es convertir la consulta en condición indispensable para ejercer la autoridad.

Y existe otro asunto que tampoco debería quedar fuera de la discusión pública: Perciballe no es un fiscal ajeno a la controversia. Su actuación en distintas causas ha sido objeto de cuestionamientos y polémicas. Eso no permite afirmar, sin pruebas, que exista parcialidad o interés personal en sus decisiones. Pero sí habilita a la ciudadanía, a la prensa y a las instituciones a mirar con atención su desempeño.

Los fiscales no trabajan en una torre de marfil. Administran una cuota enorme de poder público. Deciden sobre investigaciones, acusaciones, responsabilidades y destinos personales. Por eso mismo deben aceptar algo elemental: ser cuestionados forma parte del cargo.

Quizás sea hora, entonces, de abandonar la discusión sobre susceptibilidades y volver a la discusión sobre resultados. ¿Cuántas causas hay? ¿Cuántas están activas? ¿Cuántas se resolvieron? ¿Cuánto demora cada expediente? ¿Qué recursos tiene la Fiscalía? ¿Cuántos funcionarios necesita? ¿Qué nuevas competencias pueden asumirse? Que hablen los números.

Porque si el fiscal tiene 145 causas y demuestra que resulta materialmente imposible asumir una más, tendrá un argumento sólido. Pero si la discusión termina simplemente en un “respéteme”, la ciudadanía tiene derecho a formular una pregunta todavía más sencilla:

¿Quién dijo que un fiscal no puede ser cuestionado?

En democracia, el respeto no consiste en dejar a los funcionarios tranquilos. Consiste, precisamente, en exigirles que cumplan con la responsabilidad que aceptaron.

Y cuando una jerarquía dice “hay que trabajar más”, la respuesta republicana no debería ser pedir respeto.

Debería ser explicar por qué no se puede.