No es el monto. Nunca lo fue. No son unos pesos de impuesto de Primaria ni algunos tributos municipales atrasados. Tampoco es únicamente una ampliación de una vivienda que no habría sido declarada en tiempo y forma. El verdadero problema es otro: quien incumple es nada menos que el Presidente de la República. Y eso cambia absolutamente todo. Porque quien ocupa el máximo cargo del país no administra solamente un gobierno. Administra un ejemplo. Cada uno de sus actos fortalece o debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones. 

Durante años, la izquierda construyó un discurso basado en la ética, la transparencia y la superioridad moral. Se presentaron como los custodios de la honestidad pública y señalaron con dureza cualquier desprolijidad de sus adversarios. Hoy, esa misma vara debe aplicarse sin descuentos ni privilegios.

El presidente Yamandú Orsi no puede exigirle al comerciante que pague sus impuestos, al productor rural que cumpla con el BPS, al trabajador que tribute cada peso de su salario o al jubilado que haga frente a todas sus obligaciones mientras él aparece involucrado en incumplimientos fiscales y administrativos que nunca debieron existir. 

La ley no distingue entre un vecino cualquiera y el Presidente. La ética tampoco debería hacerlo.

Cada nuevo episodio termina desgastando una imagen que el propio oficialismo intentó presentar como sinónimo de sencillez y prolijidad. Primero fueron las promesas incumplidas. Después el famoso episodio de la camioneta de alta gama y ahora, las deudas del impuesto destinado a sostener la educación pública y las observaciones sobre obras no regularizadas. Ademas, se suman tributos departamentales sin pagar precisamente en el departamento que él mismo administró durante una década. Demasiadas casualidades para seguir hablando de simples olvidos. Porque cuando los "olvidos" siempre juegan a favor del mismo lado, dejan de ser olvidos para transformarse en un problema político. Y lo peor no son las deudas. Lo peor es la reacción.

Los uruguayos no necesitan videitos cuidadosamente editados, discursos ensayados ni operaciones de marketing político. Necesitan un Presidente que dé la cara, responda preguntas incómodas y explique, con documentos sobre la mesa, por qué ocurrieron estas irregularidades y durante cuánto tiempo permanecieron ocultas. La transparencia no consiste en controlar el relato. Consiste en aceptar el escrutinio público. Cada vez que el poder intenta minimizar hechos como estos, el mensaje que recibe la sociedad es devastador: hay obligaciones para los ciudadanos comunes y explicaciones cómodas para quienes gobiernan. Así empieza a deteriorarse la confianza en las instituciones. Después nadie debería escandalizarse cuando el ciudadano descree del Estado, cuando aumenta la evasión o cuando la autoridad moral del gobierno se desmorona. El respeto por la ley nace en la cima del poder. Si allí el ejemplo se vuelve borroso, abajo las consecuencias son inevitables.

El Presidente todavía está a tiempo de reparar el daño. Pero no lo hará con un comunicado, un asesor de imagen o una puesta en escena para las redes sociales. Debe hacerlo con la verdad. Toda la verdad. Porque la investidura presidencial no admite zonas grises.

En política, la confianza tarda años en construirse y apenas unos minutos en comenzar a derrumbarse. Y cuando quien falla es el primero de los uruguayos, el problema deja de ser una deuda. Pasa a ser la credibilidad de toda la República. Porque cuando el ejemplo se rompe en la cúspide del poder, ya no queda autoridad para reclamar honestidad, responsabilidad y cumplimiento al resto de la sociedad.