Durante muchos meses, se construyó un relato. Se nos dijo que estábamos ante un hito, ante un avance histórico, ante la llegada al corazón del poder de una figura que encarnaba luchas, derechos y una nueva forma de entender el Estado. No era solo un nombramiento: era, un símbolo. Pero los símbolos, cuando se sostienen más en el marketing que en la sustancia, tienen fecha de vencimiento.

Los audios, que salieron a la luz en los últimos días, de dichos del titular de la Secretaria de Derechos Humanos, Collette Spinetti no solo incomodan. Derrumban el relato, la épica y la pretendida superioridad moral desde la que se intentó blindar una designación que hoy muestra su peor cara. Lo que aparece no es sensibilidad social ni compromiso con los derechos humanos, sino una mezcla de prepotencia, liviandad y desprecio por los demás que resulta inaceptable en cualquier ámbito, pero mucho más en la órbita cercana a Torre Ejecutiva.

No se trata de un exabrupto aislado. Lo que se escucha y se conoce configura un patrón: formas de trato degradantes, expresiones incompatibles con la función y una concepción del poder que parece más orientada al beneficio personal que al servicio público. Algo inconcebible y gravísimo, cuando ocurre en un área sensible como Derechos Humanos.

Porque, no solo hay un problema de formas. Hay una contradicción de fondo que no puede ser ignorada. Quien durante años levantó banderas contra la discriminación y los abusos, aparece hoy protagonizando conductas que chocan de frente con ese discurso. La incoherencia no es un detalle: es el núcleo del problema.

Aún más preocupante es lo que esto deja entrever sobre los criterios que primaron en su momento. Cuando desde la propia voz de la jerarquía se desliza que el acceso al cargo responde a conversaciones informales con el actual secretario de presidencia y no a trayectorias evaluadas con rigor, lo que se pone en cuestión es algo mucho más amplio: la seriedad con la que se administra el Estado el actual gobierno.

Porque no fue una designación cualquiera. Fue presentada como bandera, como conquista, como prueba de un supuesto cambio de época. Hoy, a la luz de los hechos, cabe preguntarse si no fue, en realidad, una operación de construcción simbólica que terminó privilegiando el impacto antes que la idoneidad.

El daño ya está hecho. No solo hacia adentro, en términos de clima laboral y credibilidad, sino también hacia afuera. Uruguay no es ajeno a estas señales. Su reputación, también se resiente cuando quienes deben sostenerla actúan con esta ligereza. Lo más preocupante, como todo parece indicar, es que no pasaría nada. Parece que se ha apostado a la lógica del escándalo pasajero, a la indignación de unos días y al silencio posterior. Porque ese mecanismo —tan conocido— es el que termina consolidando la impunidad. La función pública no puede transformarse en un espacio de premios simbólicos ni en refugio de conductas que en cualquier otro ámbito serían inadmisibles.

Si el gobierno pretende sostener algo más que un discurso, deberá actuar en consecuencia. No para salvar una imagen coyuntural, sino para evitar que el deterioro siga avanzando. Porque cuando el relato se derrumba, lo único que queda es la realidad. Y en este caso, la realidad es difícil de justificar.