Uruguay ha cultivado históricamente una política exterior basada en el equilibrio, la prudencia y el respeto al derecho internacional. Esa tradición, que permitió al país navegar con relativa estabilidad en un mundo convulsionado, parece hoy tensionada por una decisión de alto impacto: el alineamiento cada vez más explícito con China, el anuncio de un Tratado de Libre Comercio bilateral y, de hecho, el acompañamiento político —aunque sea implícito— a la pretensión de Beijing de anexar Taiwán a su territorio.

No se trata solo de comercio. El problema de fondo es geopolítico y estratégico. China ya no es únicamente un socio comercial atractivo, sino una potencia global que disputa liderazgo, influencia y valores con Estados Unidos y sus aliados. En ese escenario, las decisiones de países pequeños como Uruguay dejan de ser neutras, aun cuando se las presente como meramente pragmáticas.

El TLC con China se ha defendido como una oportunidad económica: acceso preferencial a un mercado gigantesco, mayor competitividad para las exportaciones agroindustriales y una diversificación de socios comerciales. Sin embargo, ese argumento omite un dato clave: China no separa economía de política. Todo acuerdo comercial profundo implica compromisos estratégicos y señales diplomáticas claras. Y Uruguay, al avanzar unilateralmente en este camino, ha comenzado a enviar mensajes que en Washington no pasan desapercibidos.

El respaldo —o al menos la ausencia de cuestionamientos— frente a la amenaza china sobre Taiwán agrava esa percepción. Taiwán no es solo una isla lejana en el mapa asiático: es un punto neurálgico del sistema internacional, tanto por su valor geopolítico como por su rol central en la industria tecnológica global. Para Estados Unidos, la defensa del statu quo en Taiwán es una línea roja. Acompañar, aunque sea en silencio, la narrativa de Beijing equivale a posicionarse en un conflicto que podría redefinir el orden mundial.

Las posibles consecuencias para Uruguay no son menores. Estados Unidos sigue siendo un socio comercial relevante, una fuente clave de inversiones, financiamiento y respaldo político en organismos multilaterales. Sanciones, restricciones comerciales, enfriamiento de relaciones diplomáticas o trabas al acceso a mercados no son escenarios imposibles si Washington interpreta que Uruguay ha cruzado un límite estratégico. Basta observar cómo se ha actuado con otros países considerados “díscolos” para entender que la neutralidad no siempre es aceptada como tal.

Además, una eventual represalia estadounidense tendría impactos internos significativos. Sectores exportadores, el sistema financiero y la imagen país podrían verse seriamente afectados. Uruguay, con su economía pequeña y abierta, tiene escaso margen para absorber shocks externos de esta magnitud. Apostar fuerte a una sola potencia, por más poderosa que sea, implica asumir una vulnerabilidad peligrosa.

El debate, entonces, no es China sí o China no. El comercio con Beijing es una realidad instalada y necesaria. La pregunta es si Uruguay está midiendo correctamente los costos políticos de su estrategia y si cuenta con un plan para enfrentar un escenario de tensiones crecientes entre las grandes potencias. La política exterior no puede reducirse a una planilla de exportaciones: requiere visión de largo plazo, lectura fina del contexto internacional y, sobre todo, coherencia con los principios históricos del país.

Uruguay corre el riesgo de abandonar su tradicional rol de actor confiable y equilibrado para convertirse en una pieza menor dentro de un juego que no controla. Entre el dragón y el águila, las decisiones apresuradas suelen pagarse caro. Y en geopolítica, los errores rara vez se corrigen sin consecuencias.