Gobernar un departamento nunca ha sido una tarea sencilla. Administrar recursos siempre escasos, atender demandas crecientes y equilibrar expectativas políticas con necesidades reales exige visión, capacidad y, sobre todo, responsabilidad. La historia de Salto lo demuestra con claridad: hubo gestiones que dejaron una huella imborrable y otras que, por el contrario, quedaron en el olvido. La diferencia casi siempre estuvo en una misma disyuntiva: priorizar la ambición de “ser” por encima de la obligación de “hacer”.

En los ámbitos ciudadanos, la memoria colectiva suele ser justa. Se recuerda y valora a quienes concretaron obras, a quienes supieron adelantarse a su tiempo y proyectaron un departamento pensado más allá del corto plazo. Allí están las avenidas, la costanera —ese verdadero balcón sobre el río Uruguay desde el que se disfrutan atardeceres únicos—, la mejora de la avenida Apolón o la importante obra vial en el barrio Artigas. Son ejemplos visibles de gestiones que entendieron que gobernar es transformar, no solo administrar.

Pero junto a esos aciertos, también persisten carencias y prioridades postergadas. Y aquí aparece una verdad incómoda: para hacer obras se necesita dinero. Mucho dinero. El problema es que, durante años, buena parte de ese dinero se destinó menos a infraestructura y más a política, y no precisamente de la buena. Medidas populistas, pensadas para captar votos en lugar de resolver problemas estructurales, terminaron inflando de forma desproporcionada el número de jerarquías y funcionarios municipales. El resultado está a la vista: hoy el llamado rubro “0”, correspondiente a sueldos, alcanza cifras increíbles que, sumadas a los costos de funcionamiento y a compromisos financieros previos, dejan apenas entre un 9 y un 10% del presupuesto disponible para obras.

Sería injusto, sin embargo, señalar solo a la Intendencia de Salto. Este desequilibrio se replica en el gobierno nacional y en la mayoría de los 19 departamentos del país. Es una falla estructural de la política uruguaya, donde muchas veces se gasta sin medir consecuencias y se posterga el respeto por el contribuyente, que es, en definitiva, quien paga todas las cuentas.

En este contexto, resulta relevante la propuesta presentada por la administración Albisu, de la mano del economista Nicolás Irigoyen. Al exponer el plan de obras, no se descuidó un aspecto clave: la sostenibilidad financiera. Hablar de planes de ahorro, de eficiencia y de respeto al dinero público no es un gesto menor en tiempos donde la tentación del gasto fácil suele imponerse.

Según la información brindada, se proyecta una reducción del rubro 0 con un ahorro estimado de 8 millones de dólares anuales, lo que representaría unos 40 millones de dólares a lo largo del quinquenio. El camino planteado no apela a recortes bruscos ni irresponsables, sino a la no reposición de vacantes generadas por jubilaciones, a políticas de eficiencia en la gestión y a un proceso gradual de reducción de la plantilla, acompañado de estímulos y retiros dignos. Todo ello dentro de una lógica de renovación generacional y de una escala salarial más justa, pero menos asfixiante para el presupuesto municipal.

Esta visión responde a algo que desde esta columna se ha sostenido reiteradamente: la necesidad de un accionar austero, pero responsable. Gobernar un departamento no es tan distinto de administrar un hogar o una pyme: gastar solo lo que realmente se puede, ahorrar cuanto es posible y apostar al compromiso y al trabajo de la gente.

Si estas metas se cumplen y los compromisos asumidos se honran, Salto tiene la oportunidad de volver a brillar. No solo como un departamento con obras visibles, sino como un ejemplo concreto de lo que la clase política puede y debe hacer cuando decide priorizar el hacer por encima del simple deseo de ser.