Uruguay vuelve a caminar sobre una cornisa económica que ya conoce demasiado bien. Mientras el discurso oficial insiste en transmitir tranquilidad y habla de “transformaciones”, “reestructuras” y “proyectos estratégicos”, la realidad comienza a mostrar señales cada vez más preocupantes: menor consumo, caída en la circulación del dinero, sectores productivos frenados y un Estado que gasta mucho más de lo que recauda. Cuando las cuentas no cierran, el problema siempre termina cayendo sobre el mismo lugar: el bolsillo de la gente.

La situación es grave porque el gobierno parece haber ingresado en una lógica peligrosa: aumentar el gasto público mientras la economía no genera el dinamismo suficiente para sostenerlo. El resultado es previsible. Si la recaudación no alcanza y el déficit se agranda, aparecen los rumores —cada vez mas creíbles  -— de nuevos aumentos de combustibles y hasta de una eventual suba del IVA. Es decir, más presión tributaria sobre ciudadanos y empresas que ya vienen soportando tarifas elevadas, inflación persistente y salarios que no acompañan el costo de vida.

El panorama no sería tan alarmante si al menos existiera una señal clara de austeridad y eficiencia estatal. Pero ocurre exactamente lo contrario. Allí está ANCAP y el eterno agujero negro del portland, un negocio que ha significado pérdidas superiores a los 760 millones de dólares desde el año 2000. Una cifra monstruosa para un país pequeño, donde cada peso mal administrado termina saliendo del esfuerzo de trabajadores, jubilados y productores.

Sin embargo, en lugar de asumir con crudeza que el modelo fracasó, nuevamente se instala el discurso romántico de la empresa pública “social”, de la defensa irrestricta de estructuras improductivas y de la resistencia sindical a cualquier cambio real. Nadie parece querer hablar del verdadero problema: exceso de personal, baja productividad y costos imposibles de sostener. Durante años se protegieron privilegios mientras las pérdidas crecían sin control. Ahora, cuando la situación explota, se pretende que toda la sociedad siga financiando el desastre.

La discusión sobre el portland refleja un problema mucho más profundo: el miedo político a enfrentar corporaciones y admitir que hay sectores estatales inviables bajo las condiciones actuales. El resultado es un país que sigue cargando estructuras pesadas, ineficientes y deficitarias mientras se le pide más sacrificio al contribuyente.

A este escenario se suma otra señal preocupante: la insistencia con la represa de Casupá. Una obra multimillonaria impulsada casi como dogma, pese a las dudas ambientales, técnicas y económicas que siguen sin respuestas. Se habla de garantizar agua potable, pero no se atienden los cuestionamientos sobre el impacto en el ecosistema, la tala de cientos de hectáreas de monte nativo ni las debilidades de una cuenca del Santa Lucía que ya mostró enormes limitaciones durante los últimos años.

Otra vez aparece la misma lógica: avanzar primero y discutir después. Gastar primero y justificar después. Comprometer recursos públicos gigantescos mientras la economía muestra señales de fatiga.

Y como si todo esto fuera poco, el ciudadano común vuelve a quedar atrapado en la pinza perfecta. Por un lado, aumentos de combustibles que encarecen toda la cadena productiva y elevan el costo de vida. Por otro, la amenaza latente de más impuestos para sostener un aparato estatal que no deja de crecer. Cada ajuste en naftas y gasoil repercute en alimentos, transporte, producción y comercio. Cada rumor de aumento del IVA paraliza aún más el consumo y genera incertidumbre.

Lo más preocupante es que el gobierno parece actuar como si la capacidad contributiva de los uruguayos fuera infinita. Pero no lo es. Comercios vacíos, ventas en caída y familias cada vez más endeudadas muestran que la realidad ya empezó a pasar factura.

Uruguay necesita inversión, eficiencia y crecimiento genuino. Necesita un Estado más inteligente, no más pesado. Necesita administrar mejor, no recaudar compulsivamente. Porque cuando un país vive aumentando tarifas e impuestos para cubrir ineficiencias estructurales, el problema deja de ser económico y pasa a ser moral. El ciudadano cumple, paga y se ajusta. El Estado, en cambio, sigue gastando como si nada ocurriera.