El reciente paso dado por el Parlamento Europeo, de remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE, no puede leerse como un simple trámite jurídico. Es, ante todo, una decisión política cargada de simbolismo y contradicciones, que vuelve a sembrar dudas sobre la credibilidad europea como socio estratégico y sobre su verdadera voluntad de concretar un acuerdo largamente negociado y firmado.

Con una votación ajustada —334 votos a favor y 324 en contra—, eurodiputados de la extrema derecha, sectores ecologistas y representantes de países como Francia, Polonia, Austria e Irlanda coincidieron en respaldar una suspensión que responde más a presiones internas que a cuestionamientos legales reales. 

Las persistentes protestas de agricultores europeos, temerosos de la competencia de productos agropecuarios sudamericanos, parecen haber pesado más que los compromisos asumidos en el plano internacional.

La maniobra es tan evidente como preocupante. Nadie sostiene seriamente que el acuerdo sea ilegal o incompatible con los tratados comunitarios. Sin embargo, se apela al Tribunal de Justicia como una argucia para ganar tiempo, dilatar definiciones y, sobre todo, reducir el costo político que hoy implica defender el tratado frente a sectores movilizados del campo europeo. En los hechos, se vuelve a confirmar que la palabra de la Unión Europea hacia sus socios vale, muchas veces, meno que el papel en el que está firmado el acuerdo.

Para los países del Mercosur, y en particular para economías pequeñas como la uruguaya, esta indefinición no es menor. Cada postergación implica oportunidades perdidas, inversiones que no llegan y mercados que se abren más lentamente. El acuerdo prometía previsibilidad, reglas claras y un acceso ampliado a uno de los bloques más ricos del mundo. Hoy, en cambio, vuelve a quedar atrapado en el laberinto institucional europeo.

Paradójicamente, Europa también paga un alto precio por estas zancadillas internas. Un informe del centro de estudios ECIPE estima que el retraso en la ratificación entre 2021 y 2025 costó a los gobiernos europeos unos 183.000 millones de euros en exportaciones. Si el acuerdo no se concreta tampoco en 2026, la cifra superaría los 215.000 millones. Alemania y Francia —dos de los países con mayor peso político en la UE— figuran entre los principales perjudicados, aun cuando buena parte de sus eurodiputados apoyaron el bloqueo.

Desde el punto de vista jurídico, el panorama tampoco es tan lineal como algunos pretenden presentar. El propio texto del acuerdo prevé su aplicación provisional una vez cumplidos los procedimientos internos, e incluso abre la puerta a que entre en vigor con la ratificación de un solo país del Mercosur. La Comisión Europea dispone de márgenes de discrecionalidad, pero cualquier decisión en uno u otro sentido será, inevitablemente, política. Ni el Tribunal de Justicia puede suspender la aplicación provisional ni bloquear la ratificación definitiva; a lo sumo, señalar correcciones parciales.

En este contexto, el envío del acuerdo al TJUE aparece más como una estrategia dilatoria que como un freno definitivo. Los próximos movimientos de los gobiernos europeos, presionados además por otros frentes geopolíticos urgentes, serán clave para saber si esta instancia se transforma en un obstáculo más o en un paso superable.

Desde una mirada crítica, resulta legítimo señalar la falta de coherencia y la fragilidad de los compromisos europeos. Pero también es necesario mantener una cuota de esperanza. Los costos económicos, la necesidad de diversificar alianzas y el peso estratégico del vínculo birregional pueden terminar imponiéndose sobre el cortoplacismo político. Si así ocurre, el acuerdo Mercosur–Unión Europea podrá finalmente dejar atrás las zancadillas y transformarse en una herramienta de desarrollo, integración y progreso para ambos lados del Atlántico.