Mientras el país enfrenta urgencias y reclama austeridad, los viajes oficiales de las principales figuras del gobierno vuelven a abrir una pregunta incómoda: ¿cuánto viajan nuestras autoridades y cuánto le cuestan sus misiones al Estado? Viajar al exterior no es, por sí mismo, un pecado. Un país pequeño como Uruguay necesita abrir mercados, fortalecer vínculos diplomáticos, participar en organismos internacionales y defender sus intereses fuera de fronteras. Nadie puede cuestionar una misión oficial cuando existe un objetivo concreto, resultados verificables y una relación razonable entre el costo y el beneficio.

El problema aparece cuando los viajes comienzan a multiplicarse y adquieren una frecuencia que puede transmitir una imagen muy diferente: la de un gobierno que parece sentirse más cómodo en los foros internacionales que atendiendo las urgencias que tiene puertas adentro.

Un informe de Búsqueda vuelve a poner el tema sobre la mesa. La publicación reveló, entre otros datos, que la Presidencia destinó más de US$ 105.000 para el viaje de 13 funcionarios a China realizado a comienzos de este año, entre pasajes, viáticos y seguros. Y allí aparece una pregunta que no debería ser considerada políticamente incorrecta: ¿cuántos viajes necesita realmente un gobierno que, al mismo tiempo, habla de restricciones fiscales, prioridades sociales y necesidad de administrar cuidadosamente los recursos públicos?

La preocupación aumenta cuando se observa el movimiento permanente de las principales figuras del Poder Ejecutivo. El presidente Yamandú Orsi ha desarrollado una intensa agenda internacional, mientras ministros y jerarcas participan regularmente de encuentros, cumbres, reuniones y foros en distintos puntos del mundo.

Pero hay una figura que merece una consideración especial: la vicepresidenta Carolina Cosse.

La vicepresidencia de la República no es un cargo protocolar menor. Implica representar al país y, fundamentalmente, ejercer la Presidencia del Senado. Por eso resulta legítimo preguntarse cuál es la verdadera necesidad de cada desplazamiento internacional y qué resultados concretos dejan para Uruguay.

No se trata de cuestionar a Cosse por viajar. Se trata de exigir la misma austeridad que se reclama al resto de la sociedad.

Porque mientras al ciudadano se le pide cuidar el bolsillo, al empresario se le habla de competitividad, a los trabajadores se les reclama responsabilidad y al Estado se le exige contener el gasto, cada dólar destinado a una misión oficial debería estar acompañado de una explicación sencilla: para qué se fue, cuánto costó y qué se consiguió.

La transparencia no consiste únicamente en publicar resoluciones. Transparencia también significa explicar los resultados. Uruguay no puede caer en la lógica de que toda invitación internacional constituye automáticamente una misión imprescindible. Tampoco debería convertirse el viaje oficial en una suerte de reconocimiento al jerarca de turno.

Gobernar es también estar aquí. Es recorrer los barrios, enfrentar la inseguridad, atender la emergencia social, escuchar a los productores, responder a los problemas de infraestructura y hacerse cargo de las dificultades cotidianas de los uruguayos.

El mundo puede esperar algunas reuniones. Los problemas del país, no.

Por eso, más que discutir si una autoridad tiene derecho a viajar, corresponde discutir cuál es el límite razonable. Y, sobre todo, si existe una política de austeridad coherente con el discurso oficial. Los viajes oficiales pueden ser necesarios. Lo que no puede ser necesario es viajar por viajar.

En tiempos en que el gobierno habla de cuidar cada peso, la sociedad tiene derecho a preguntar cuánto cuesta esa diplomacia itinerante. Y también tiene derecho a esperar una respuesta clara. Porque gobernar no es solamente representar al Uruguay afuera. Gobernar, antes que nada, es hacerse cargo del Uruguay que queda adentro.