Hay momentos en que un Gobierno no puede limitarse a administrar los problemas a medida que aparecen. Tiene que anticiparse, marcar autoridad, defender el interés general y, sobre todo, transmitir una dirección clara. Porque cuando los conflictos se multiplican, las decisiones generan incertidumbre y distintos sectores productivos comienzan a preguntarse hacia dónde marcha el país, la responsabilidad política deja de ser una cuestión secundaria. Lo que está ocurriendo en el puerto de Montevideo es una señal de alarma.

Un conflicto que comenzó alrededor de la negociación colectiva en la Terminal Cuenca del Plata terminó extendiendo sus efectos al conjunto de la actividad portuaria. Después de meses de negociaciones, el Poder Ejecutivo debió establecer servicios mínimos para preservar la continuidad de una actividad que el propio Gobierno reconoce como trascendental por su incidencia en la producción nacional y el comercio exterior. Y, lejos de terminar allí, el conflicto se extendió mediante medidas sindicales a otros puertos. El SUPRA convocó a un paro nacional de 24 horas para los días 21 y 22 de setiembre y anunció nuevas medidas para esta semana.

Entonces cabe una pregunta elemental: ¿quién manda cuando una actividad estratégica para el país puede quedar paralizada durante días por decisiones gremiales?

No se trata de desconocer el derecho de huelga. Se trata de establecer dónde comienza y dónde termina el derecho de un sector cuando su paralización afecta al resto de la sociedad, al comercio exterior, a los exportadores, a los importadores, al transporte y a trabajadores que nada tienen que ver con el conflicto.

El Gobierno puede negociar. Pero negociar indefinidamente sin obtener resultados no es gobernar. Y mientras el puerto permanece atrapado en una disputa que ya adquirió dimensión nacional, aparecen otras decisiones que también merecen explicación.

El Poder Ejecutivo avanza con Casupá como una obra estratégica para la seguridad hídrica metropolitana. OSE ya adquirió terrenos y CAF efectuó desembolsos dentro de un préstamo de US$130 millones. El Gobierno sostiene que la obra es necesaria y anunció medidas para atender el impacto sobre la zona de influencia. Pero precisamente por eso debe existir una discusión pública rigurosa sobre sus costos, beneficios, alternativas e impactos. Las grandes obras no pueden convertirse en dogmas políticos. El país necesita infraestructura, sí; pero necesita también prioridades, transparencia y resultados.

Y luego aparece el capítulo de la carne. Uruguay recibió una cuota de 324.000 toneladas para acceder al mercado chino con condiciones arancelarias preferenciales. Desde el propio Gobierno se había señalado que el desafío era aumentar la producción para aprovechar esa oportunidad. Ahora, sin embargo, Brasil y Australia consultaron por el remanente que Uruguay no utilizará y el Gobierno manifestó su disposición a que ese volumen pueda ser aprovechado por esos países. La decisión final corresponde a China, pero el dato político y comercial ya está sobre la mesa.

Y aquí aparece otra contradicción que merece respuestas. Si Uruguay necesita producir más carne, si necesita fortalecer su industria frigorífica, si necesita generar empleo, divisas y actividad en el interior, ¿por qué la discusión termina concentrándose en cómo utilizar el saldo que no somos capaces de colocar? La respuesta no puede ser simplemente que “no se utiliza”. Hay que preguntarse por qué no se utiliza. Porque detrás de una cuota cárnica hay productores, frigoríficos, trabajadores, transporte, logística, servicios y pueblos enteros cuya economía depende de la producción agropecuaria.

Y mientras tanto, la inseguridad continúa ocupando un lugar central en las preocupaciones de los uruguayos. Un Gobierno no puede pedir paciencia indefinidamente frente a problemas que golpean diariamente a la población.

El problema de fondo es otro: la sensación de rumbo incierto. Uruguay no puede funcionar a los tumbos.

No puede tener un puerto estratégico paralizado, una producción que reclama estímulos, una industria frigorífica sometida a dificultades, una discusión millonaria sobre infraestructura y, simultáneamente, un Gobierno obligado permanentemente a salir detrás de los acontecimientos. Gobernar no es apagar incendios. Gobernar es evitar que se incendie el país. Y por eso la pregunta deja de ser retórica y se vuelve inevitable: ¿Adónde nos quiere llevar el Gobierno nacional? Porque los uruguayos tienen derecho a saberlo. Y, sobre todo, tienen derecho a exigir que el país tenga rumbo.