El denominado Diálogo Social puede ser una herramienta útil para escuchar, intercambiar opiniones, acercar posiciones y recoger propuestas. Lo que no puede ser —ni debe pretender ser— es un poder paralelo al sistema democrático ni una instancia capaz de sustituir las responsabilidades que la Constitución asigna al Poder Ejecutivo y al Parlamento.

En una democracia representativa, la decisión política tiene un origen inequívoco: el voto ciudadano. El gobierno surge de las urnas y el Parlamento también. Por lo tanto, ningún documento, recomendación o eventual acuerdo alcanzado en una mesa de diálogo puede colocarse por encima del mandato que los ciudadanos expresaron mediante el sufragio.

La discusión adquiere especial relevancia frente al conflicto generado alrededor de la reforma de la seguridad social. El PIT-CNT acusa al gobierno de incumplir los compromisos surgidos del Diálogo Social, luego de que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, planteara cambios que, según la central sindical, desvirtúan lo acordado en esa instancia.

Pero aquí aparece una cuestión fundamental: ¿qué debe hacer un gobierno democrático cuando una recomendación surgida de una mesa de diálogo entra en contradicción con su propia visión política, con sus responsabilidades de gobierno o con decisiones que deben ser adoptadas por el Parlamento? La respuesta es sencilla. Gobernar.

Porque la principal obligación de un gobierno democrático no es cumplir ciegamente cada recomendación surgida de una instancia consultiva, sino ejercer el mandato que recibió de la ciudadanía. Escuchar no significa obedecer. Dialogar no significa abdicar de las responsabilidades. Y consultar a distintos sectores no significa transferirles el poder de decisión.

La paradoja resulta todavía más evidente cuando se observa la posición de algunos de los sectores que hoy reclaman el cumplimiento irrestricto de determinados acuerdos. Hace menos de dos años, esos mismos sectores impulsaron un plebiscito destinado a modificar sustancialmente el régimen previsional. La ciudadanía tuvo entonces la oportunidad de pronunciarse y rechazó esa propuesta.

Ese resultado también fue un acuerdo nacional. Y, a diferencia de cualquier entendimiento alcanzado en una mesa de negociación, fue construido mediante el mecanismo más democrático y legítimo de todos: el voto universal.

Por eso resulta difícil aceptar que una recomendación de un ámbito de diálogo pueda ser presentada como una obligación superior a lo que decidieron los ciudadanos en las urnas.

El PIT-CNT tiene todo el derecho a reclamar, movilizarse, discrepar y ejercer presión política. Forma parte de las reglas democráticas. También tienen derecho los partidos políticos a defender sus posiciones y procurar modificar las decisiones del gobierno. Lo que no corresponde es transformar una instancia de diálogo en una suerte de poder de veto sobre las decisiones de quienes fueron elegidos para gobernar.

Y aquí aparece nuevamente el Partido Comunista, uno de los sectores que con mayor firmeza reclama el cumplimiento de los acuerdos del Diálogo Social. No debería sorprender su postura política, pero sí debe quedar claro que ninguna fuerza partidaria, por influyente que sea dentro de una coalición o de una organización sindical, puede arrogarse una representación superior a la que otorgaron las urnas.

El diálogo es necesario. La negociación también. Los acuerdos deben ser respetados cuando corresponda. Pero existe una línea que no debería cruzarse: convertir el diálogo en sustituto de la democracia representativa.

Un gobierno que escucha no es un gobierno débil. Un gobierno que negocia no pierde autoridad. Pero un gobierno que renuncia a decidir para satisfacer a quienes ejercen presión desde una mesa sindical o política deja de gobernar.

Pero, al final del camino, quien tiene la última palabra en una democracia son los ciudadanos.

Y ese mandato, por encima de cualquier acuerdo sectorial, sí está para cumplirse. Y ya es hora, de dejar claro que lo que decide el soberano no puede ser cambiado por minorías que saben movilizarse pero lamentablemente no ubicarse y respetar.