Hay que reconocerlo: la propuesta de los senadores de la Coalición Republicana para impedir que las pensiones especiales reparatorias se sigan transmitiendo a los familiares de sus titulares es buena. Es oportuna. Y, sobre todo, es una señal de que algunos legisladores comienzan a preguntarse si todos los gastos que el Estado sostiene desde hace años siguen teniendo sentido. Pero también hay que decirlo: es insuficiente.