El caso Cardama ha dejado de ser únicamente un escándalo vinculado a la fallida compra de patrullas oceánicas para la Armada. Hoy el centro del debate ya no pasa solamente por las irregularidades denunciadas en torno al contrato con el astillero español, sino por algo quizás todavía más grave: la utilización del poder político para impulsar investigaciones al margen de las garantías legales y administrativas que exige un Estado de Derecho.