Las audiencias por las torturas y la muerte del Dr. Vladimir Roslik en 1984 vuelven a poner en el centro del debate la necesidad de justicia en los crímenes cometidos durante la dictadura. Con el pedido de hasta 15 años de prisión para nueve militares por parte del fiscal de delitos de lesa humanidad Ricardo Perciballe, se reabre una herida que nunca terminó de cicatrizar en la sociedad uruguaya. Sin embargo, las recientes declaraciones del expresidente José Mujica y de la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, junto con la estrategia de la defensa de los acusados, ponen en entredicho la pureza del proceso judicial y la credibilidad de algunos testimonios.

Es innegable que la dictadura en Uruguay fue un período de represión brutal, con torturas sistemáticas y violaciones a los derechos humanos. El caso de Roslik, un médico de la comunidad rusa en San Javier, es un símbolo de la brutalidad de aquel régimen. Pero también es cierto que en un proceso judicial la búsqueda de la verdad debe estar por encima de toda agenda política o revanchista. Las declaraciones de Mujica y Topolansky, al insinuar que algunos testimonios pueden no ser veraces, han encendido un debate que, si bien resulta incómodo, también es necesario.

La defensa de los militares ha aprovechado estas declaraciones para solicitar la comparecencia de ambos ex mandatarios y de periodistas que difundieron sus palabras. Asimismo, se ha solicitado el testimonio de un experto en jerarquías militares, lo que podría interpretarse como una estrategia dilatoria o como un intento de matizar la responsabilidad de los acusados. Para el abogado de las víctimas, Pablo Chargoñia, estas pruebas son inadmisibles y buscan entorpecer el proceso judicial.

El problema central es que la justicia uruguaya ha sido tardía y fragmentada en el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura. La impunidad con la que muchos de los responsables de violaciones a los derechos humanos han vivido durante décadas genera una desconfianza lógica en los familiares de las víctimas y en la sociedad en general. Sin embargo, esto no puede llevar a la instrumentalización de la justicia con fines políticos. Si hay pruebas contundentes contra los acusados, que se les condene; si hay dudas razonables, que se resuelvan con el rigor del debido proceso.

El juicio por el caso Roslik no solo debe ser un ejercicio de memoria histórica, sino también un ejemplo de justicia imparcial. Cualquier intento de manipular la verdad, ya sea desde la política o desde la defensa de los acusados, no hará más que socavar la credibilidad del proceso. La sociedad uruguaya merece conocer toda la verdad sobre su pasado, sin omisiones ni tergiversaciones. Solo así podrá cerrarse, con justicia y dignidad, uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia.