La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) fue concebida para cumplir una función esencial: contribuir a la transparencia del Estado, vigilar la conducta de quienes ejercen responsabilidades públicas y fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Sin embargo, sus actuaciones más recientes proyectan una imagen cada vez más alejada de esos objetivos. Lo que debería ser un organismo independiente, respetado y riguroso parece haberse enredado en las conveniencias de la política, con silencios difíciles de justificar, decisiones controvertidas y una llamativa selectividad a la hora de actuar.